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domingo, 13 de octubre de 2019

Los asesores, otra vez

⏩ Creo que fue allá por el año 2008. Dos astutos reporteros de la cadena de televisión de ultraderecha ‘Intereconomía’ consiguieron grabar un vídeo con cámara oculta, que dio la vuelta a toda España, en el que se veía a tres asesores del Partido Socialista en la Diputación de Almería desempeñando labores que nada tenían que ver con la institución que les pagaba. Dos de ellos, Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo, desempeñaban tareas burocráticas en la agrupación socialista de Roquetas de Mar. El primero se jactaba ante las cámaras de “no hacer prácticamente nada" en la institución en la que estaba liberado. El tercero en discordia, Diego López, fue más explícito y vino a decir que eso de los asesores era un cachondeo y que él, por no tener cualificación, no tenía "ni el grado A ni el grado B" de funcionario. Tras el escándalo, los tres asesores dimitieron y el más político de ellos, Diego López, incluso se dio de baja del PSOE.

Artículo publicado en la edición de papel de La Voz de Almería

En ese momento la Diputación contaba en su plantilla con nada menos que 70 asesores. Eran los tiempos del pacto PSOE-PAL. Después se redujo sensiblemente ese número, pero esa medida no fue obstáculo para que el caso fuera llevado por el PP a fiscalía. La fiscalía de la Audiencia Provincial decidió archivarlo al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. La fiscalía admitió, eso sí, que "podría ser cuestionable que la cifra de asesores de la corporación fuera excesiva y, también, que las funciones que desempeñaban tuvieran contenido suficiente”, aunque añadió que los oportunos reproches desde donde deben hacerse es desde la propia Administración. O sea, que era un caso más de ética política que de asunto judicial.
Vox ha puesto freno a la situación dándoles a elegir entre la apertura de expediente o la renuncia al aumento de sueldo y a la compatibilidad. Los interesados han preferido la pasta
Esta semana, un escándalo con raíces parecidas a aquél ha estallado en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde gobierna una coalición entre el PP y Vox. A principios de legislatura la corporación acordó una subida de sueldo desmesurada para sus cargos institucionales. Más del 30 por ciento. Un concejal con dedicación exclusiva ha pasado de cobrar 42.000 euros a cobrar 56.000. No satisfechos con estos emolumentos, dos de los tres concejales de Vox, Francisco Barrionuevo y Antonio López, han solicitado y conseguido del pleno la compatibilidad de su salario con el desempeño de actividades profesionales o empresariales. El partido ha puesto freno a la situación dándoles a elegir entre la apertura de expediente o la renuncia al aumento de sueldo y a la compatibilidad. Los interesados han preferido la pasta y se han constituido en concejales no adscritos, siguiendo el mismo paso que en la anterior corporación dio una concejala del PSOE.
López y Barrionuevo denuncian que el partido les impuso la contratación de dos asesoras, “mujeres de militares de la Legión”, sin ninguna vinculación con Roquetas, que cobran del Ayuntamiento pero que no trabajarían para el mismo
La salida de concejales de un partido quedándose con el acta ya no causa ninguna sorpresa. Ni en Roquetas ni en ningún sitio. El Tribunal Constitucional dictaminó en su día que el acta es personal y no del partido. La entrega de un acta tras la dimisión dejó de ser una cuestión obligatoria para convertirse en una decisión ética. La sorpresa en Roquetas de Mar donde ha saltado ha sido en las graves acusaciones realizadas por los dos concejales respecto a las figuras de las personas que tienen como asesores en el Ayuntamiento. Es una situación calcada de aquel escándalo de Diputación de 2008 que tanta alarma creó. López y Barrionuevo denuncian que el partido les impuso la contratación de dos asesoras, “mujeres de militares de la Legión”, sin ninguna vinculación con Roquetas, que cobran del Ayuntamiento pero que no trabajarían para el mismo, “sino para el partido o para otras instituciones”.

Gabriel Amat recuerda perfectamente aquel caso de la Diputación de Almería. Fue precisamente él quien, al hacerse con la presidencia de la institución provincial, puso orden y coherencia en el disparatado asunto de los asesores y, de paso, en el de los coches oficiales. En Roquetas de Mar le espera una tarea similar. Es muy frecuente ver cómo los partidos políticos utilizan para beneficio propio cargos de confianza en las instituciones. Algunos tienen establecido en un despacho institucional su gabinete de prensa provincial. Otros se limitan a recibir el sueldo directamente en casa sin siquiera aparecer de visita. Todo, vergonzoso, muy vergonzoso. Emilio Ruiz.