Hasta
principios de 1989 el abastecimiento de agua en los municipios del Levante
almeriense era un caos. Cada pueblo se administraba como podía. Los cortes de suministro
eran frecuentes. No existía ninguna solidaridad entre municipios y, mientras unos
no tenían problema alguno, otros padecían la sequía. La creación de una empresa
que organizara del abastecimiento en toda la comarca fue una de las
medidas más importantes tomadas en las últimas décadas. No faltaron zancadillas,
pero el proyecto, finalmente, salió adelante. Tampoco faltaron quienes se
dejaron la piel por conseguir lo que finalmente se consiguió: dotar a la
comarca de un servicio seguro, permanente y con garantías de continuidad. Sería
justo recordar a personas como Tomás Azorín o Gonzalo Suárez, y también a
Mariano Viúdez, Miguel Fernández o Juan Ignacio Moya.
Quienes
somos usuarios de Galasa (Gestión de Aguas del Levante Almeriense) y antes padecimos la anterior situación no podemos por
menos que deshacernos en elogios hacia el funcionamiento de esta sociedad. El
servicio que nos presta es impecable. En todos los sentidos: en la escasez de
incidencias en el suministro, en la calidad del mismo, en la atención al usuario,
en la respuesta a los problemas... Sí, ya sé que no es frecuente hablar así de
una empresa pública, pero sería injusto si hablara de otra forma. Y conste que
no hablo de oído.
Desconozco,
lógicamente, la organización interna y las cuentas de Galasa. Se dice que cada
año suma a sus resultados 2 ó 3 millones de euros en pérdidas. Ante ello, el Consejo de Administración ha
decidido enviar a “los hombres de negro”, que han acordado recortar salarios.
También desconozco los sueldos de sus trabajadores y si hay o no excedente de
plantilla. Sí estoy seguro de algo: si todos los ayuntamientos beneficiarios del
servicio fueran leales con la sociedad, Galasa no tendría ningún problema. Económico,
tampoco. Emilio Ruiz.