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domingo, 23 de agosto de 2015

Todos los políticos imputados no son unos corruptos

El paro y la corrupción son los dos grandes problemas que ahora mismo preocupan a los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lo del paro está más que justificado, por esos cinco millones de personas que aún carecen de un puesto de trabajo. Lo de la corrupción, también, por los innumerables casos que estos últimos meses copan las portadas de los periódicos.

A estas alturas de la película, nadie duda de que hay sectores mediáticos y políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum revolútum, tal vez con el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de un volcán descontrolado. Pero es conveniente discernir el grano de la paja. No se puede equiparar el caso de Luis Bárcenas, con sus cuentas y millones de euros en Suiza, con, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Monedero, que lo que hizo fue utilizar una argucia fiscal cuya ilegalidad aún está por demostrar. O el caso de Rato con el de Chaves y Griñán.

En medio de este mar revuelto se da por hecho que todo político imputado es un corrupto. Enorme disparate. Como tremendo disparate es pedir el cese de cualquier político imputado sea cual fuere la causa de su imputación.

Durante estos días, algunos medios de comunicación y formaciones políticas están pidiendo a Susana Díaz el cese de cinco cargos públicos de la Junta de Andalucía “por corruptos”. Recordemos las razones de la imputación de cada uno de ellos:

“Hay sectores mediáticos y políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum revolútum, tal vez con el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de un volcán descontrolado”

José Manuel Ortiz Bono, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. Está imputado a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Ecologista Mediterráneo por posibles irregularidades cometidas en el cambio de uso de forestal a agrícola de 300 hectáreas de terreno en Tabernas para plantar olivos. Según los ecologistas, no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental.

María Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. El Juzgado de Instrucción 6 de Granada dilucida si pudo incurrir en los delitos de prevaricación omisiva contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos de aguas fecales desde la depuradora de la prisión de Albolote.

No todo es corrupción
Sandra García, delegada del Gobierno en Granada. Imputada también por los vertidos de aguas fecales de la cárcel de Albolote por sus responsabilidades cuando era delegada de Medio Ambiente.

Manuela de Paz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. Imputada tras una denuncia de CCOO por presunta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación del muelle, que requería evaluaciones ambientales que no se habrían realizado.

Francisco Javier Madrid, director de Gestión del Medio Natural. Imputado por un presunto delito de prevaricación por no impedir la caza de fringílidos.

Dice el DRAE que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”. Sayed y Bruce definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”. ¿Realmente a estos cinco cargos públicos de la Junta de Andalucía hay que considerarlos políticos corruptos? Creo que no, que la corrupción es algo más grave que la autoría de un acto administrativo equivocado. Emilio Ruiz.