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domingo, 30 de agosto de 2015

Sobre la credibilidad de las listas de espera de la sanidad andaluza

El día 30 de junio de este año había en Almería 2.398 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica de las clasificadas como “frecuentes”. Según la Consejería de Salud, en un tiempo medio de 47 días todos esos pacientes han sido operados. El dato ha sorprendido: Almería y Cádiz lucen el galardón de ser las dos provincias andaluzas con el menor tiempo de espera para una intervención quirúrgica, con tres días por debajo de la media regional, establecida en 50 días. En el polo opuesto, la media de días para una intervención de los pacientes malagueños se eleva hasta los 53. La respuesta en el resto del Sistema Nacional de Salud estaba, a 31 de diciembre de 2014, en 80 días.

¿Son fiables estos datos, tanto los referidos a Almería como los referidos a Andalucía en general? Veámoslo. Pero antes sigamos repasándolos. Además de estos 2.398 pacientes, había en Almería otros 5.267 que esperan otro tipo de intervención. En este caso, el tiempo medio de espera regional es de 59 días, justamente los mismos días que han tenido que esperar los enfermos de nuestra provincia. Los gaditanos y jiennenses han tenido que esperar dos días menos, y los onubenses, tres días más.

“Almería y Cádiz lucen el galardón de ser las dos provincias andaluzas con el menor tiempo de espera para una intervención quirúrgica”

Por otra parte, el tiempo para acudir a la primera consulta de especialista se sitúa en Andalucía en 42 días. Son 23 menos que la media nacional. En Almería, esos días se amplían hasta 44, pero hay diferencias sustanciales entre hospitales. Mientras en el Hospital de Poniente el tiempo de respuesta es de 51 días, en El Toyo es de solo 34, un día menos que Torrecárdenas. La espera en el Hospital de Huércal-Overa es de 45 días.

El hospital almeriense que antes responde a la petición de pruebas diagnósticas es La Inmaculada, de Huércal-Overa. Frente a una demora de 18 días de la media andaluza y 16 días de la almeriense, el hospital del Levante realiza las pruebas en tan solo 12 días. En El Toyo tardan 19 días, uno más que en el Hospital de Poniente. En Torrecárdenas las pruebas las realizan a los 14 días.

“El hospital almeriense que antes responde a la petición de pruebas diagnósticas es La Inmaculada, de Huércal-Overa”

¿Son fiables estos datos?, decimos. Para el consejero de Salud, Aquilino Alonso, no cabe duda: “Andalucía –dice- se sitúa entre las comunidades autónomas con las tasas más bajas de pacientes que esperan una intervención quirúrgica”. Y añade que “Andalucía es la comunidad autónoma más transparente en la publicación de los tiempos de respuesta asistencia y con mayores garantías para la ciudadanía”.

El PP andaluz piensa de distinta forma. Su portavoz de Salud en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, anda con la mosca tras la oreja. No se cree los datos de Salud. Cree que hay “listas paralelas”. “En la comunidad donde menos invierte su gobierno autonómico por habitante en salud –dice-, donde somos los últimos en médicos y enfermeros y donde la sanidad pública se va de vacaciones tres meses es imposible creerse los datos de listas de espera que da el consejero".

Mientras el Partido Popular no aporte documentación alguna que avale su incredulidad, los datos de Salud hay que darlos por buenos. Hacía un año que no se proporcionaba dato alguno sobre las listas de espera. La transparencia administrativa que tanto se proclama requiere que este tipo de estadísticas se ofrezcan no como una excepción sino como una rutina. Emilio Ruiz.

domingo, 23 de agosto de 2015

Todos los políticos imputados no son unos corruptos

El paro y la corrupción son los dos grandes problemas que ahora mismo preocupan a los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lo del paro está más que justificado, por esos cinco millones de personas que aún carecen de un puesto de trabajo. Lo de la corrupción, también, por los innumerables casos que estos últimos meses copan las portadas de los periódicos.

A estas alturas de la película, nadie duda de que hay sectores mediáticos y políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum revolútum, tal vez con el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de un volcán descontrolado. Pero es conveniente discernir el grano de la paja. No se puede equiparar el caso de Luis Bárcenas, con sus cuentas y millones de euros en Suiza, con, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Monedero, que lo que hizo fue utilizar una argucia fiscal cuya ilegalidad aún está por demostrar. O el caso de Rato con el de Chaves y Griñán.

En medio de este mar revuelto se da por hecho que todo político imputado es un corrupto. Enorme disparate. Como tremendo disparate es pedir el cese de cualquier político imputado sea cual fuere la causa de su imputación.

Durante estos días, algunos medios de comunicación y formaciones políticas están pidiendo a Susana Díaz el cese de cinco cargos públicos de la Junta de Andalucía “por corruptos”. Recordemos las razones de la imputación de cada uno de ellos:

“Hay sectores mediáticos y políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum revolútum, tal vez con el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de un volcán descontrolado”

José Manuel Ortiz Bono, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. Está imputado a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Ecologista Mediterráneo por posibles irregularidades cometidas en el cambio de uso de forestal a agrícola de 300 hectáreas de terreno en Tabernas para plantar olivos. Según los ecologistas, no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental.

María Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. El Juzgado de Instrucción 6 de Granada dilucida si pudo incurrir en los delitos de prevaricación omisiva contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos de aguas fecales desde la depuradora de la prisión de Albolote.

No todo es corrupción
Sandra García, delegada del Gobierno en Granada. Imputada también por los vertidos de aguas fecales de la cárcel de Albolote por sus responsabilidades cuando era delegada de Medio Ambiente.

Manuela de Paz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. Imputada tras una denuncia de CCOO por presunta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación del muelle, que requería evaluaciones ambientales que no se habrían realizado.

Francisco Javier Madrid, director de Gestión del Medio Natural. Imputado por un presunto delito de prevaricación por no impedir la caza de fringílidos.

Dice el DRAE que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”. Sayed y Bruce definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”. ¿Realmente a estos cinco cargos públicos de la Junta de Andalucía hay que considerarlos políticos corruptos? Creo que no, que la corrupción es algo más grave que la autoría de un acto administrativo equivocado. Emilio Ruiz.

viernes, 21 de agosto de 2015

Cajamar se suma a la moda de las supercuentas

La “Cuenta 1-2-3” del Banco Santander ha revolucionado el apático sistema bancario español, caracterizado en los últimos tiempos, entre otros aspectos, por la estabilización de sus cuentas y por la restricción del crédito. El banco que preside Ana Botín siempre se ha caracterizado por dar golpes de efecto en tiempos de abulia. Suyo fue el invento de la “Supercuenta”, una cuenta corriente que remuneraba a tipos de un plazo fijo. Cree la competencia que la “Cuenta 1-2-3” le va a costar al Santander alrededor de 500 millones de euros. El banco se defiende diciendo que la experiencia similar practicada por ellos mismos en el Reino Unido no solamente le ha aportado números rojos a sus cuentas sino que le ha proporcionado pingües beneficios y un considerable aumento de cuota de mercado y de fidelidad de sus clientes.

La “Cuenta 1-2-3” del Santander se caracteriza básicamente por tratarse de una cuenta corriente con las ventajas que ello implica, por cobrar unas cantidades fijas por mantenimiento y por tarjetas y, como compensación de las gastos anteriores, remunerar los saldos de hasta 15.000 euros con el 3 por ciento y retribuir los recibos domiciliados. Bien controlada, la nueva cuenta del Santander puede reportar al cliente a final de año más ingresos que gastos. Para ello es preciso tener domiciliada la nómina.

Ahora, Cajamar también quiere sumarse a la fiesta de las supercuentas y para ello ha puesto en marcha su “Cuenta 360º”, una cuenta corriente que permite realizar cinco transferencias gratis al mes gratis a otras entidades y otras cinco transferencias también gratis dentro de la entidad. La tarjeta de débito no tiene coste de mantenimiento y ofrece una rentabilidad de hasta el 3  por ciento para saldos de hasta 12.000 euros.

La disposición y ventajas de esta supercuenta de Cajamar está condicionada a ciertas vinculaciones, que la entidad clasifica en tres tramos. A medida que se van cumpliendo cada uno de ellos se consiguen más beneficios. Para estar exentos de comisiones hay que cumplir dos requisitos: ser socio de la entidad con una aportación mínima de 1.000 euros y domiciliar la nómina.

El siguiente eslabón consiste en suscribir el servicio de banca a distancia, mantener un saldo en la cuenta de al menos 1.000 euros y activar una tarjeta. Si se cumplen estos supuestos, la cuenta se remunera con un 1,5 por ciento para saldos de entre 1.000 y 12.000 euros.

La máxima rentabilidad, del 3 por ciento para saldos de entre 3.000 y 12.000 euros, se consigue añadiendo a los requisitos anteriores al menos dos de las siguientes condiciones: realizar aportaciones a un plan de pensiones o a un plan de previsión asegurado por importe de al menos 480 euros, hacer aportaciones por un mínimo de 480 euros a un seguro de ahorro de prima periódica o contratar o tener un seguro de vida riesgo, un seguro de hogar, un seguro de vida y/o un seguro de incapacidad laboral.

La caída en picado de la rentabilidad de las entidades financieras en los últimos tiempos les está obligando a cobrar por servicios que hasta ahora eran gratuitos. De hecho, el cobro de comisiones se está convirtiendo en uno de los mayores capítulos de los ingresos bancarios. Las propias entidades ponen a disposición de los clientes opciones para evitar que cueste dinero el mantenimiento de una cuenta o la realización de operaciones habituales. Merece la pena estudiar con detenimiento estas opciones que algunas entidades nos ofrecen. Emilio Ruiz.

domingo, 16 de agosto de 2015

Los sueldos de los cargos electos del Ayuntamiento de Almería

Hasta hace unos meses, los sueldos de los cargos electos locales dependían exclusivamente de la decisión de sus plenos. Por esa razón había tanta disparidad y, a veces, tanto desmadre. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha puesto orden en el tema. Son ahora los Presupuestos Generales del Estado los que marcan las pautas de lo máximo que pueden cobrar los integrantes de las corporaciones locales.

El sueldo más alto se estipula en 100.000 euros brutos y está reservado para poblaciones de más de medio millón de habitantes. A partir ahí, los sueldos menguan según la población. En el caso de Almería, que está en el escalón de entre 150.001 y 300.000 habitantes, el límite salarial es 80.000 euros. Los cargos electos de El Ejido y Roquetas -entre 75.001 y 150.000 habitantes- pueden percibir 75.000 euros. Los de Adra, Níjar y Vícar –entre 20.001 y 50.000 habitantes-, 55.000 euros. Los electos de poblaciones entre 10.001 y 20.000 habitantes tienen su límite en 50.000 euros, y los que están entre 5.000 y 10.000 habitantes, 45.000 euros. Por debajo de 5.000 y por encima de 1.000 pueden percibir hasta 40.000 euros. Los miembros de Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes no pueden tener dedicación exclusiva.

“El Ayuntamiento de Almería podría equipararse, por su dimensión, a una gran empresa de la provincia”

Durante estos días son tema de debate las retribuciones aprobadas por el Ayuntamiento de Almería. Vienen a ser éstas: el sueldo del alcalde es de 76.000 euros anuales, 2.000 más que el del primer teniente de alcalde. Los demás tenientes de alcalde, cerca de 68.000 euros. El resto de concejales del equipo de Gobierno con dedicación exclusiva perciben en torno a 65.000. Los concejales liberados de la oposición, 59.400 euros, y los que tienen dedicación parcial al 75%, 38.600 euros. Los portavoces de los grupos cobran 65.000 euros. Para calcular el sueldo neto hay que restarles la oportuna retención (en torno al 40%).


Como es lógico, ninguna de esas retribuciones supera los límites legales. Creía que, con esta premisa, el debate estaba agotado. Pero no es así. Algunas reacciones son muy viscerales: “Latrocinio político”, proclama el periodista Pepe Fernández. “Políticos avariciosos”, acusa su colega Marta Soler. Reconozco que a mí también me produce pudor hablar de sueldos de uno o varios miles de euros cuando hay familias que apenas pueden llevar algo a casa. Comprendo igualmente la frustración del periodista que ve cómo lo más que su empresa le hace es un contrato en precario. Pero ni la demagogia es el mejor vehículo para arreglar los problemas de la gente ni las proyecciones personales deben formar parte de un debate sereno.

El Ayuntamiento de Almería podría equipararse, por su dimensión, a una gran empresa de la provincia. Por sus responsabilidades y exigencias, sus cargos electos podrían asimilarse a los directivos de ese tipo de empresas. Las retribuciones acordadas no son exageradas. Cuestión distinta es que no nos satisfaga la gestión. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo que hace cualquier empresa con sus directivos: echarlos. En este caso, no elegirlos. Y, por supuesto, dar la opción a cualquier ciudadano –periodistas soliviantados incluidos- de someterse a la voluntad popular para ocupar uno de estos puestos que, por lo que se ve, algunos tanto anhelan. Emilio Ruiz.

domingo, 9 de agosto de 2015

La debilidad del sistema bancario andaluz

La crisis económica internacional de 2007 ha desencadenado en España una profunda reestructuración del sistema bancario. Afecta tanto al número de entidades como al lugar donde ubican su razón social. Ojo al dato: hoy en día más del 90% del negocio financiero español se concentra en cinco comunidades autónomas.

El volumen de activos de las quince principales entidades, que es tanto como decir de la banca española en general, ronda los 3,3 billones de euros. Su distribución territorial es ésta:

Unos han desaparecido
y... otros desaparecerán
Cantabria (38,84%): El Santander copa casi el 40% del sistema. Su sede social sigue en Cantabria, si bien toda su operativa se realiza en Madrid. En la reciente junta general Ana Botín ha reiterado el compromiso de la entidad con la comunidad que preside Revilla.

País Vasco (23,38%): Aquí tienen su sede BBVA  y Kutxabank. La entidad presidida por Francisco González se ha hecho recientemente con Catalunya Bank, entidad que finalmente absorberá. El sistema financiero vasco se ha potenciado con la reestructuración.

Cataluña (15,17%): Sabadell y Caixabank tienen su domicilio social en Cataluña. Ambas entidades han absorbido a muchas otras, por lo que el sistema financiero catalán también se ha reforzado aún en el caso de la pérdida de Catalunya Bank.

Madrid (8,84%): Popular, BMN y Liberbank tienen su sede social en la capital de España. También se ha potenciado.

Comunidad Valenciana (7,06%): Bankia tiene aquí su domicilio social en base al acuerdo de fusión con Bancaja, si bien el mismo establece que la operativa estaría en Madrid. Al final también el FROB se desprenderá de Bankia.

Andalucía (3,33%): Unicaja –que ha sumado Ceiss- y Cajamar se han quedado como las únicas entidades andaluzas del grupo de las grandes/medianas. El Banco de Crédito Cooperativo, creado por la rural almeriense, tiene su domicilio social en Madrid. Caixabank es hoy la primera entidad en Andalucía y Cajamar lo es de Almería.

Galicia (1,70%) cuenta con Abanca; Aragón (1,75%), con IberCaja, y Baleares (0,42%), con la singular banca March. Ocho comunidades autónomas ya no gestionan negocio financiero alguno o el que gestionan es irrelevante.

“Andalucía, con el 17,8% de la población, sólo gestiona el 3,33% del sistema financiero español”

“Unicaja está en el ojo del huracán, pero Andalucía no puede permitirse el lujo de ceder un solo milímetro más de su ya de por sí depauperado potencial bancario”.

Este giro que ha dado la concentración bancaria en España es motivo de preocupación. Para José Luis Gómez, autor de ‘Cómo salir de ésta’, “el cambio es de tal magnitud que sus consecuencias para el desarrollo armónico de España podrían ser impactantes incluso a corto plazo. La concentración de la mitad de todo el crédito en dos territorios, entre los que no está el más poblado (Andalucía), es de por sí un factor de riesgo para el equilibrio del país”. Y apostilla: “Eso sí, para pagar el coste de la reforma contaron con todos los contribuyentes españoles”.

La participación de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada (17,8%), en el sistema financiero español es poco significativa (3,33%). Con la reestructuración ha perdido fuelle. Pero aún puede ser peor. El Banco Central Europeo insiste en la necesidad de realizar nuevas fusiones en torno a las entidades medianas. Unicaja está en el ojo del huracán. Pero Andalucía no puede permitirse el lujo de ceder ni un solo milímetro más de su ya de por sí depauperado sistema financiero. Excepto que queramos vernos reducidos a la nimiedad. Emilio Ruiz.

domingo, 2 de agosto de 2015

La adjudicación del tramo de AVE Pulpí-Cuevas del Almanzora

Este viernes ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha adjudicado las obras del tramo de AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora a Sacyr por algo más de 33,09 millones de euros. El presupuesto superaba los 71,27 millones de euros, por lo que la baja alcanza el 53,57 por ciento. Sacyr, pues, se ha comprometido, y la Administración se lo ha aceptado, a hacer las obras por bastante menos de la mitad de su presupuesto. ¿Es esto entendible?

El recorte que las Administraciones han dado a la inversión en obra pública propicia situaciones como ésta. Las grades empresas necesitan, de la forma que sea, cartera de obra que mantenga su facturación, y para ello no dudan en tirar los precios hasta llegar a ofertas disparatadas. En 2010 la baja media de las licitaciones del Ministerio de Fomento rondaba el 14,50 por ciento. En 2014, el 32,50 por ciento. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, las bajas han pasado en el mismo periodo de tiempo del 20,80 por ciento al 41,70 por ciento. Y en las Administraciones autonómicas y locales las bajas rondan el 28,60 por ciento y el 27,20 por ciento, respectivamente, cuando hace cuatro años estaban en torno al 20 por ciento.

El AVE por Gafarillos
Un ejemplo exagerado de hasta dónde pueden llegar las bajas en las licitaciones públicas, y no solo de obras, se ha producido aquí mismo, en Almería. La Dirección General de la Marina Mercante sacó a concurso las líneas marítimas Málaga-Melilla y Almería-Melilla. El presupuesto era de 25 millones de euros. Se ha adjudicado a Acciona Transmediterránea por 7,60 millones, es decir, con una baja cercana al 70 por ciento.

La Ley de Contratos del Sector Público permite ofertas competitivas en las adjudicaciones. No podía ser de otra forma, porque de lo que se trata es de asegurar el mejor uso del dinero público. Por eso, cuando una Administración saca a licitación una obra o servicio, quienes optan a la adjudicación pueden proponer un precio más barato. La Administración está obligada a adjudicar la obra al licitador que ofrezca el mejor precio y la mayor calidad.

¿Cómo puede asegurarse la Administración de que una obra se ejecutará en las condiciones ofertadas, al margen de cuál sea el importe de adjudicación? Para ello es preciso, en primer lugar, que el proyecto goce del máximo rigor técnico. Los consultores se han quejado de la baja calidad de los proyectos públicos debido a los escasos honorarios que sus redactores perciben. En segundo lugar es preciso que los organismos contratantes se aseguren de la solvencia y capacidad del adjudicatario y de las garantías, implícitas o explícitas, que puede ofrecer.

Situaciones como ésta del AVE Pulpí-Cuevas del Almanzora indican que han fallado algunos de los resortes del procedimiento de adjudicación. Un metro cúbico de hormigón vale lo que vale y un kilo de hierro vale lo que vale, y ese precio tiene su margen, pero nunca puede decirse que ese margen reduce el precio original a menos de la mitad.  No es posible. Hace unos meses tuvo lugar la inauguración del tramo de la Autovía del Mediterráneo comprendido entre Taramay y Lobres. Se licitó la obra por 138 millones de euros. Se adjudicó por 84. El coste final para el Ministerio de Fomento ha sido 176 millones de euros. Eso no puede ser. Emilio Ruiz.