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miércoles, 17 de abril de 2013

Los alcaldes del PP y del PSOE, unidos contra la reforma de la Administración Local


Era el 11 de julio de 2012. Como dos años antes hiciera su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, llegado de la cumbre de Davos con la lección aprendida, también el nuevo presidente, Mariano Rajoy, iba a exponer su catálogo de ajustes y reformas para sacar a España del atolladero.  Eran 35 las medidas, ni una más ni una menos, y, una vez llevadas a cabo todas ellas, las cuentas públicas se iban a ver aliviadas en nada menos que 65.000 millones de euros.

Cuando aún no se ha cumplido un año de aquella comparecencia parlamentaria, las 35 medidas anunciadas por Rajoy se pueden clasificar en tres grupos: las que se han llevado a cabo, las que han caído en el saco del olvido y, por último, las que se quieren llevar a la práctica pero no se puede “porque el asunto es más complejo de lo que parecía”.

Centrémonos en el grupo primero y tercero. Hoy, once meses después del anuncio, son una realidad: la eliminación de la paga extra, el incremento del IVA, la reducción de la partida presupuestaria consignada a los partidos y sindicatos, la supresión de bonificaciones a la contratación, la reducción de los días de libre disposición de los funcionarios, la equiparación de las condiciones en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos a las del resto de trabajadores, la reducción del número de liberados sindicales, la reducción de la prestación por desempleo, la eliminación de la deducción por la compra de vivienda y la modificación de la jubilación anticipada.

No son una realidad, por el contrario, entre otras: la drástica reducción e incluso eliminación de empresas públicas, la reducción del número de concejales en un 30 por ciento, la homogeneización de las retribuciones de alcaldes y concejales, la reforma de las Administraciones Públicas atendiendo a la premisa de "una Administración, una competencia", el refuerzo del papel de las Diputaciones Provinciales, el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el fortalecimiento del Interventor Municipal y la eliminación de controles por diversos ámbitos administrativos.

Conclusión: cuando las medidas que hay que tomar afectan a organismos y cargos públicos, el reloj de las reformas entonces se para o, al menos, se ralentiza. Es lo que está sucediendo con la anunciada reforma de las Administraciones Públicas, principalmente la local. En este asunto, PP y PSOE defienden criterios más de unión que de disidencia, si bien es cierto que, en el caso del partido del Gobierno, las diferencias internas son notables entre lo que proponen los de arriba –léanse miembros del Gobierno- y lo que están dispuestos a aceptar los de abajo –léanse cargos municipales y gestores políticos de empresas públicas-.

El Proyecto de reforma de la Administración Local elaborado por el Gobierno ya ha tenido respuesta formal de los alcaldes y concejales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). PP y PSOE, tan discrepantes en los más variados asuntos, aquí van cogidos de la mano. El documento elaborado, de 104 folios, es una enmienda a la totalidad del proyecto gubernamental. Los alcaldes se niegan a perder competencias, autonomía, poder y cargos.

¿Hacia dónde consideran los representantes municipales que debe de ir encaminada la reforma local? Nada, dicen, de meter la tijera de forma bruta. Y, sobre todo, que cualquier paso que se dé debe “respetar la autonomía local constitucionalmente garantizada”. Al organismo que preside el popular alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y vicepreside el socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero, el informe denominado “Anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Lcal”, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de febrero pasado, no le ha gustado nada.

Considera la Femp que la reforma debe resolver el problema de “la prestación de las competencias impropias, que absorben más del 25% del gasto público de los gobiernos locales”. Respecto a la asunción de determinadas competentes de los municipios pequeños por parte de las Diputaciones, considera que debe dejarse constancia de que un gobierno municipal “nunca pierde la competencia, sólo cede la gestión”, dejando de esa forma abierta la puerta de la recuperación de cualquier competencia delegada por razones coyunturales.

La Federación se opone a la intervención de los municipios por Hacienda en los casos de ayuntamientos que no cumplan con las exigencias de estabilidad presupuestaria o no rindan cuentas. “Por esta vía”, dice, “podrían desaparecer ‘de facto’ muchos gobiernos municipales”. Tampoco quiere que los interventores municipales dejen de depender directamente de los políticos electos de cada ayuntamiento y a que amplíen sus funciones de control sobre los gastos e inversiones de la corporación. Es, dicen, darle un poder, el político, que no tienen.

En el capítulo de los sueldos de los alcaldes, la Femp reclama que en el techo fijado por el Gobierno (el sueldo de un secretario de Estado), se incluyan también todos los complementos. De esa forma, los alcaldes de las grandes ciudades podrían percibir en torno a 90.000 euros al año. Sobre los sueldos de los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes (el proyecto del Gobierno deja a éstos sin retribución alguna) la Femp considera que, puesto que la mayoría de ellos no cobra nada, debe dejarse libertad de decisión a cada Ayuntamiento. Emilio Ruiz.