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domingo, 24 de febrero de 2013

La fusión de Unicaja con España-Duero, pendiente de Bruselas


El día 14 de abril de 2011 los consejos de administración de Unicaja y de la caja castellano leonesa España-Duero firmaron su primer acuerdo de fusión. Casi dos años después, el acuerdo en cuestión ha pasado por mil y una vicisitudes, hasta el punto de dejarlo sin efecto alguno, debido principalmente a los continuos cambios regulatorios que las autoridades bancarias española y europea estaban introduciendo en el sector. A  pesar de esa ruptura de los acuerdos, nunca Braulio Medel, presidente de Unicaja, ni Evaristo del Canto, presidente de Caja España-Duero, llegaron a arrojar la toalla. En el fondo, a ambas entidades les interesaba la fusión: a los del norte, para no verse engullidos por el Frob, con todo lo que eso supone, liquidación incluída; a los del sur, porque necesitan ganar tamaño para situarse de forma adecuada en un mercado que va a dejar el número de entidades reducido a la mínima expresión.

Después de un manantial de negociaciones multilaterales –hay que tener en cuenta que en este proceso tienen voz y voto el Banco de España, el Frob, la Comisión Europea, Unicaja, Unicaja Banco (que son casi lo mismo, pero lo mismo), Caja España-Duero y Banco Ceiss- el pasado viernes celebraron reuniones, por separado, los consejos de administración de las entidades bancarias para aprobar la última oferta de Unicaja, que cuenta con la aprobación de las autoridades españolas y que se ha elevado a Bruselas. La propuesta también fue aprobada por ambos consejos.

La “oferta en firme de adquisición” de Unicaja consiste básicamente en adquirir el Banco Ceiss (el banco creado al efecto por España-Duero) para dejarlo como filial bancaria al menos en una primera etapa. La exigencia más importante que Unicaja fija en su propuesta gira en torno al valor que Bruselas piensa dar a las participaciones preferentes y deuda subordinada de Ceiss que van a ser canjeadas por acciones. El Frob, de acuerdo con Bruselas, pretende anunciar esta misma semana el valor y canje de todos estos productos híbridos para el conjunto de las entidades nacionalizadas o que han recibido ayudas públicas. Conocido ese valor, Unicaja convocará un consejo de administración extraordinario para materializar la compra. Hay acuerdo de las partes para que sea Ceiss quien realice su ajuste de plantilla y oficinas antes de pasar a manos de Unicaja. La reducción de tamaño de la castellano-leonesa será del 30 % y afectará a 265 oficinas, que bajarán la persiana, y a 1.500 empleados de un total de 4.700. Cumplidos estos acuerdos, el día 30 de junio Banco Ceiss será 100 % Unicaja. Emilio Ruiz.

Pedro Molina se explica


Dos meses después de conocerse, y denunciarse, que Pedro Molina había sido nombrado asesor de Caixabank, el rector de la UAL ha dado explicaciones. Por partida doble: al personal directivo y docente de la universidad mediante una comunicación interna y a través del informativo provincial de Canal Sur. “Me ofrecieron la posibilidad de participar en este Consejo  Asesor de cara a la obra social de la caja. Recabé informes jurídicos de la Universidad, y, como no había incompatibilidad, acepté pensando también en que los estatutos de la UAL recomiendan establecer relaciones con entidades públicas y privadas de cara a impulsar el desarrollo social, cultural y económico del entorno. Este órgano no tiene ningún carácter vinculante con la sociedad ni pertenece a ningún consejo de administración ni al consejo rector ni tengo nómina ni recibo ningún tipo de emolumento”, ha declarado.

Supongo que el rector tiene un conocimiento exacto del cargo que ha aceptado. La creación de ese Consejo Asesor surge del pacto de accionistas suscrito el 1 de agosto de 2012 con motivo de la absorción de Banca Cívica por Caixabank. Dice la cláusula 3ª de dicho pacto: “Se promoverá la creación en Caixabank de cuatro Consejos Asesores Territoriales de carácter consultivo… que tendrán por objeto asesorar a Caixabank en el desarrollo de sus actividades en los citados territorios. Los Consejos Asesores Territoriales tendrán las funciones de consulta, información y asesoramiento que determine el Consejo de Administración de Caixabank”.

Tiene razón Molina cuando dice que se trata de un consejo consultivo. No la tiene cuando afirma que es para tratar asuntos de la obra social de la caja. Primero, porque no se le ha nombrado asesor de ninguna caja, sino de un banco, Caixabank; y segundo, porque el asesoramiento va a ser sobre “el desarrollo de sus actividades”, es decir, de las actividades bancarias. En cuanto a la gratuidad del cargo, tampoco se dice que sea así. Hay dietas que superan los sueldos. Tal vez Pedro Molina debe pensarse si su decisión ha sido acertada. Errare humanum est, sed persevere diabolicum (Séneca el Joven dixit). Emilio Ruiz.

viernes, 22 de febrero de 2013

Cajamar suma y sigue: ahora absorbe a Caja Rural de Casinos


La cooperativa de crédito almeriense Cajas Rurales Unidas –que opera en el mercado financiero con la marca Cajamar- sigue creciendo. El consejo rector de Caja Rural de Casinos ha aprobado la fusión por absorción por parte de Cajamar. La decisión será efectiva una vez que sea ratificada por la asamblea general de la caja rural levantina, prevista para el próximo mes de abril.

Caja Rural de Casinos está integrada ahora en el Grupo Cooperativo Cajamar. El proceso de fusión con la caja rural almeriense ha llevado el mismo como camino que otras cajas valencianas: primero se forma un S. I. P. (sistema institucional de protección) para después ir a la integración plena. Ese mismo paso lo han dado anteriormente la requenense Caja Campo, absorbida por Cajamar en 2011, y Caja Rural Castelló, integrada en Cajamar el año pasado. También en 2012 Cajamar absorbió a Ruralcaja, mientras el grupo del que ésta era cabecera, Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), formado por otras catorce cooperativas de la Comunidad Valenciana se integró en el Grupo Cooperativo Cajamar.

Caja Rural de Casinos fue constituida en 1970 aunque sus orígenes se remontan a 1959 con la creación de la sección de crédito de la Cooperativa Vitivinícola Santa Bárbara. Es una entidad de reducido tamaño que cuenta tan solo con nueve empleados, si bien agrupa a 1.890 socios y a 5.200 clientes. Según datos de cierre a 31 de diciembre de 2012, la cooperativa tiene un volumen de negocio de 79,8 millones de euros y unos activos de 44,1 millones. Su tasa de morosidad se sitúa en el 10,98 %, ligeramente inferior a la de Cajamar, que supera el 11 %, y su coeficiente de solvencia es del 15 %. Emilio Ruiz.

sábado, 16 de febrero de 2013

Floriano, una caricatura de sí mismo


El vicesecretario de organización del Partido Popular, Carlos Floriano, anda empeñado en la ardua tarea de hacerse una caricatura de sí mismo. Algunos de sus compañeros de filas andan diciendo y haciendo tonterías a diestro y siniestro, y al pobre Floriano, dicho sea con respeto, es al que mandan a justificar lo injustificable ante los medios de comunicación.

Cuando lo que hay que justificar no tiene justificación alguna, lo normal es que uno caiga en el ridículo. Y es el en ridículo donde un día y otro cae Floriano. El diputado tiene tras sí una amplia experiencia como parlamentario, lo que algo le habrá ayudado a crearse cierto grado de formación, y es, además, según parece, doctor en Derecho. Sus salidas de tono y sus muestras de ignorancia, premeditadas o no, prueban que ni una cosa ni la otra le han servido para mucho.

El “Caso Bárcenas” está siendo para él la prueba del algodón que muestra su capacidad. Y no la ha superado. No da el hombre pie con bola. Cada vez que abre la boca, suelta disparate tras disparate a cuál más disparatado. Si no fuera por el momento de desconcierto que vive estos días el Partido Popular, Floriano habría sido ya destituido de sus cargos en el partido y el Parlamento por incompetente e ignorante.

Empezó Floriano su carrusel de despropósitos calificando como funcionarios a los empleados del Partido Popular. Lo siguió anunciando que a un imputado no se le puede despedir, algo totalmente incierto porque los despidos solamente se consideran nulos en casos muy puntuales en los que no se incluyen la imputación. Lo prosiguió anunciando que si se despidiera a Jesús Sepúlveda, éste podría acudir a Magistratura de Trabajo, un órgano jurisdiccional que hace muchísimos años que no existe. Hoy, los contenciosos laborales se dirimen en los Juzgados de lo Social. Y lo remató, en una primera fase, afirmando que él, como vicesecretario de organización del partido, no sabe a qué se dedica Sepúlveda y tampoco sabe cuál es su sueldo.

La guinda al pastel se la ha puesto Carlos Floriano a finales de esta semana anunciando, sobre Bárcenas, que "para nada" se trata de un fraude de ley que se continúa cotizando por la Seguridad Social de un trabajador que tiempo ha fue despedido. ¡Dios, cómo puede acumular este hombre tanta ignorancia! Es "algo que se viene haciendo", apostilla. ¡Comor!, que diría Chuiquito de la Calzada.

El dirigente popular ha esgrimido, además, como ejercicio de transparencia que el PP le haya pagado a Luis Bárcenas la Seguridad Social. "Fíjese qué mayor ejercicio de querer ocultar nada, que sigue estando dado de alta en la Seguridad Social y pagando". Esto es fuerte, muy fuerte. Y más fuerte aún que Floriano siga ocupando los mismos cargos que ocupaba antes de embarcarse en esta vorágine de despropósitos. Emilio Ruiz.

Las comisiones de los bancos


La banca española –toda en general: bancos, cajas y cooperativas de crédito- pasa por grandes dificultades económicas. Ni siquiera las entidades que alardean de figurar en los primeros lugares de cualquier ránking de solvencia están para dar saltos de alegría. Su principal fuente de ingresos siempre ha sido prestar dinero a un interés más elevado del que ellos abonan a los depositantes. El diferencial es el beneficio. Desde hace unos años, el dinero que prestan es mínimo. Por una razón: porque no tienen. El poco que tienen lo dedican, primero, a refinanciar préstamos anteriormente concedidos, y después, a cubrir los impagados, que aumentan a velocidad de vértigo. La tasa de morosidad se sitúa en el 11,38 % (Cajamar, el 12,7 %), y sigue y sigue. Eso son más de 190.000 millones de euros, casi el 20 % del PIB.

Estos días todas las entidades están enviando a sus clientes unas cartas para informarles de que, a partir de ahora, les van a cobrar hasta por respirar. No es extraño: de algún sitio tienen que sacar dinero. Si antes no se pagaba por nada, ahora hay que pagar por todo: por tener una cuenta, por extender un cheque, por hacer un ingreso, por pedir un certificado de titularidad, por domiciliar un recibo… Qué cosas: antes, por domiciliar un recibo, eran ellos los que pagaban. Reconozcamos una cosa: antes, con el gratis total, algunas personas abusaban. Programaban una rutinaria visita a su banco/caja con el mismo ritual que a la misa de las ocho. “Un día saco veinte euros de una cartilla y al día siguiente los meto en la otra, y así, pues nos entretenemos y pasamos el rato”. Para pasatiempos, al parque.

Pero una cosa es abusar de los servicios que gratuitamente nos prestan y otra pagar hasta por tener dinero. Aceptemos que no nos paguen interés alguno por tener el dinero en una cartilla. Pero que nos cobren precisamente por eso, por tener el dinero en una cartilla, parece excesivo. Creo. Emilio Ruiz.

martes, 12 de febrero de 2013

¿Sobran funcionarios?


Las palabras pronunciadas la semana pasada por Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE –“Quizá es mejor ponerles un subsidio a los funcionarios a que estén en la Administración consumiendo papel y teléfono”-, han soliviantado a todos los sindicatos de funcionarios, y no sin razón. No entiendo esta manía de los presidentes de la CEOE por meterse en charcos extraños. Igual que poner en duda, como hizo el mismo Rosell, la fiabilidad de los datos de la EPA. Es navegar contracorriente en la aceptación de unos criterios de recuento de desempleados que están universalmente aceptados. Mucho debieron aprender, pero no lo hicieron, este presidente y su antecesor, Díaz Ferrán, de quien les precedió en la CEOE, José María Cuevas, un hombre comedido y prudente que supo ostentar el cargo de presidente con bastante dignidad.

Las palabras de Rosell son injustas. Generalizar siempre es injusto. Generalizar, además, de forma burda, como ahora, puede llevar a alguien a pensar que lo que quiere este hombre no es otra cosa que la propia destrucción del Estado para dejarlo en manos de las “leyes del mercado”, que ni siquiera deben estar escritas. Una administración pública suficiente y eficaz es la mayor garantía de supervivencia de un Estado de Derecho, que no puede estar sometido a las veleidades políticas.

Rosell ha rectificado y es precisamente en los términos de su rectificación donde hay que insertar el debate. La pregunta que hoy ronda por la mente de muchos españoles es simple: ¿Sobran en España empleados públicos?

Según el último informe del Gobierno, en España el número de empleados públicos es de 2.530.956.  De éstos, el 61 por ciento (1.653.498) es funcionario; el 26 por ciento (690.278) es personal laboral y el 13 por ciento restante es personal interino y eventual. En Andalucía el número de empleados públicos es de 499.974, según los últimos datos conocidos. Representa el 19 por ciento del total nacional, algo más de un punto por encima del peso específico de la población de Andalucía en el conjunto de España. Tras Andalucía las siguientes comunidades autónomas con más empleados públicos son Madrid (427.650, el 16 por ciento del total nacional), Cataluña (302.607, con el 11,38 por ciento) y Comunidad Valenciana (228.453, con el 8,59 por ciento).

Distribuidos los empleados públicos andaluces por administraciones, 257.234 (51,44 por ciento) son de la Junta de Andalucía, a la administración local corresponden 130.415 (el 26 por ciento), 92.408 son empleados del Gobierno central y 19.917 personas dependen de las universidades públicas. Por provincias, Sevilla es la provincia que concentra mayor número de funcionarios, con 120.806, y las que menos, Almería (37.806) y Huelva (33.631).

Volvemos a la pregunta que da título a este artículo: ¿Sobran funcionarios, o empleados públicos, por ser más exactos, en España y en Andalucía? A tal pregunta los sindicatos responden proporcionando unos datos que consideran concluyentes: en España hay un empleado público por cada 17,79 habitantes. La media en la Unión Europea está en los 16,89 habitantes. Hay notables diferencias entre países. En Suecia hay un empleado público por cada 8,09 habitantes mientras en Eslovaquia hay 135 habitantes por cada empleado público. En Alemania son 18,26  y 30,29 en Grecia. Tomando estos datos de los países de nuestro entorno, se puede llegar a la conclusión de que la función pública española no sólo no está sobredimensionada.

Pero estas cifras pueden inducir a confusión. Por dos razones. Una de ellas es muy importante: ¿cuál es la referencia idónea que hay que tomar para establecer el número de funcionarios: el de habitantes, el de la población activa, el que se adecúa a la edad de la población…? Con cada una de estas referencias el resultado sería distinto.  Y la otra razón no es menos importante: habrá que determinar el número de funcionarios por la cantidad de servicios que tiene asignado el personal de las distintas administraciones públicas. Es obvio que un país con fuerte implantación de la llamada “externalización de servicios” precisa de menos funcionarios que otro que tiene a su personal fuertemente implantado en todas las organizaciones gubernamentales.

En los últimos años, las administraciones públicas españolas han orientado sus políticas hacia la externalización de servicios. Se ha cedido a empresas privadas la explotación de multitud de servicios que tradicionalmente ha desempeñado el funcionariado. Hoy en día no resulta fácil encontrar empleados públicos en labores como mantenimiento de jardinería, limpieza viaria, mantenimiento de carreteras, transporte sanitario, servicios de cátering de instituciones públicas, etc., etc. Incluso estamos aceptando como normal la presencia de la empresa privada en actividades públicas que, hasta ahora, eran casi intocables, como la sanidad, la educación, la dependencia y la seguridad.

Volviendo a la respuesta que se pide, podemos concluir que la administración pública española no está sobredimensionada. Pero sí se tiene la percepción de que la distribución no es la adecuada. Mientras encontramos despachos con las mesas apelotonadas y sus ocupantes disfrutando de muchos ratos de ocio hay centros de salud con un solo médico, dejando el centro desasistido en caso de tener que atender a una urgencia, por poner sólo un ejemplo. El propio Rosell puso, en la rectificación de sus declaraciones, otro ejemplo que tampoco nos es ajeno: servicios municipales de urbanismo que se llenaron de empleados con el boom inmobiliario hoy mantienen sus plantillas inalterables.

Conclusión: no sobran funcionarios. Pero los que hay están mal distribuidos. Hay actividades públicas en las que su escasez es alarmante, pero hay otras en las que los excedentes son igualmente alarmantes. El  criterio del ministro Montoro (“subimos los impuestos porque mucha gente no los paga”), aplicado al personal público conduce a la afirmación de que es normal que en muchas instituciones falte personal porque en otras sobra. El buen administrador público no es el que sube los impuestos a los que pagan para compensar la pérdida de ingresos por los que no pagan. El buen administrador público es el que consigue que paguen los que están obligados a pagar. Pues aplíquese la afirmación a los empleados públicos: hay que excluir a los que sobran para incluir a los que faltan. Emilio Ruiz.

sábado, 9 de febrero de 2013

Lo que hay que oír


Un viejo proverbio chino dice: Pon el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Deben desconocerlo algunos de nuestros dirigentes políticos y empresariales, pues, de otra forma, no se entiende tanto empeño en denigrar su oratoria. Empezó el lunes nuestro presidente. Magistral exposición: Reitero lo que dije el sábado. Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa que es lo que han publicado algunos medios de comunicación. Dicho de otra manera, es total y absolutamente falso.

Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular, ha hecho esta semana un paseíllo por todas las emisoras de radio. En cada una ha dejado su estela de vivir en la inopia. En una dijo que Sepúlveda es funcionario de esta casa, elevando a la categoría de funcionarios a los empleados del PP. En otra, que si se le despidiera, podría ir a Magistratura de Trabajo. ¡Hombre de Dios, si las Magistraturas de Trabajo desaparecieron en el Neolítico! Y a Pepa Bueno le contó: Sepúlveda hace lo que se le encarga, desconozco exactamente qué y tampoco sé cuál es su sueldo. ¿Y Floriano dice que es vicesecretario de Organización?

Beatriz Viana, directora general de la Agencia Tributaria, también ha querido sumarse al esperpento. Tras una intervención parlamentaria sobre la amnistía fiscal ha soltado, ni corta ni perezosa: No sé ni lo que he dicho. Eso, con el máximo respeto a sus señorías. Y el colofón lo ha puesto el cada vez más verborreico presidente de la CEOE, Joan Rosell: Quizá es mejor ponerles un subsidio a los funcionarios a que estén en la Administración consumiendo papel y teléfono.

Una pregunta: ¿Se puede dimitir como ciudadano de un país? Porque yo, de éste, ¡dimito! Emilio Ruiz.

domingo, 3 de febrero de 2013

Papeles apócrifos y auditorías internas


En esta endiablada situación que estamos viviendo con el “Caso Bárcenas”, en la que cobran especial protagonismo nuestros dirigentes políticos, se intenta establecer con el ciudadano de a pie cierta labor de interacción con el ánimo de conducirle al convencimiento de que la razón está de una parte y no de otra. Esa labor de convicción es necesaria realizarla y para los políticos se convierte en obligación. Pero, analizando los mensajes desde el punto de vista del receptor –que es usted, soy yo y somos la mayoría de los ciudadanos-, con frecuencia tenemos la sensación de que muchos, muchísimos, de nuestros políticos nos toman a nosotros, sus electores, como seres inmaduros con una formación básica más que deficiente, rayando la subnormalidad. Voy a exponer algunos casos de esto que denuncio.

1.- Por empezar por el último, cuando redacto estas líneas está acabando la rueda de prensa de Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE ha argumentado buena parte de su discurso, en el turno de preguntas, en las manifestaciones que, según él, ha hecho María Dolores de Cospedal de que fue ella la que puso fin a esta práctica de sobresueldo. Sobre esas supuestas palabras de Cospedal Rubalcaba ha elaborado un enorme castillo de conclusiones. Pero hay un problema: De Cospedal nunca se ha manifestado de esa forma. Lo sabe Rubalcaba. Es comprensible incluso para un parvulito: manifestarse de esa forma supone reconocer la práctica presuntamente ilegal, y esa práctica ella nunca la ha reconocido. Las declaraciones de Cospedal siempre han circulado por dos vías: una, no le constan los sobresueldos, y otra, los documentos son falsos.

2.- Dijo Mariano Rajoy que los documentos que publica El País son apócrifos. Hay que ser muy retorcido con el diccionario para encontrar en el caso un acomodo a la palabra apócrifos. Dicho de la manera que lo dijo, el presidente del Gobierno transmitió la sensación de que esos manuscritos no corresponden al autor que parece que es. Si pretendía convencernos de eso, tomó a sus interlocutores por inmaduros, pues ni siquiera el propio Bárcenas ha desmentido que esos documentos están escritos de su puño y letra. Serían apócrifos si los hubieran escrito los periodistas de El País. Tampoco, parece, los documentos son falsos, como tantas veces repitió Rajoy. Seguramente el presidente querría decir que es el falso el contenido de los documentos.

3.- Por favor, que ningún político nos diga más que va a exponer su declaración de la renta en tal o cual portal. Eso solamente deben hacerlo quienes están acusados de no presentar declaración de la renta estando obligado a hacerla. Esto que se está tratando aquí no tiene nada que ver con la declaración de la renta. Lo mismo se podría decir del depósito de las cuentas de un partido en el Tribunal de Cuentas. Obviamente, no se va a depositar en el Tribunal de Cuentas la contabilidad “b” de un partido. Del mismo modo que ningún comerciante declara a Hacienda lo que vende en “b” ni ninguna empresa deposita en el Registro Mercantil su contabilidad en “b” si la lleva. Son principios tan elementales que quien recurre a ellos como conclusión da a entender que no conoce ni eso, ni los principios elementales.

4.- Por último y también por favor, que nadie ofenda más nuestra inteligencia ofreciéndonos una auditoría interna. Ni interna ni externa. Los auditores auditan la contabilidad que se les ofrece, y nadie ofrece lo que no debe ofrecer. Y, por cierto, también es ofensivo convencernos de que en una semana se ha despachado una auditoría contable de varios años de un partido de ámbito nacional. El auditor de cuentas más inexperto sabe que cualquier auditoría de cualquier empresa de un solo ejercicio contable necesita, para ser completa, mucho más que una semana. Si Carmen Navarro asegura que ha auditado la contabilidad del PP de varios años en cinco días, entonces habrá que darle la razón a aquellos sevillanos del chiste que aseguraban que su catedral la construyeron en cuarenta y ocho horas. Emilio Ruiz.

sábado, 2 de febrero de 2013

La semana de los papeles


Ha sido esta semana –semana maldita, que dirían algunos- la semana de los papeles. Los papeles de Bárcenes. Y de Gúrtel, que, con tanto lío, no sabe ya uno si es la misma cosa o es otra. No aparecen nombres almerienses en la trama. Ni por parte de los que dan ni por parte de los que toman. Por la primera, lo más cercano que nos queda anda por tierras sevillanas y malagueñas. Los presidentes de las constructoras Azvi, de Sevilla, y Sando, de Málaga, eran asiduos de Génova, según “El País”. Por la segunda, lo más próximo que tenemos es un diputado que nos representa en el Parlamento de Andalucía, Javier Arenas. Todo falto, según Rajoy

Donde sí parece que tenemos la cosa más fea, en cuanto a paisanaje, es en el llamado “Caso de las ITV”, que tiene muchas ramificaciones, una de ellas la negociación para la compraventa de empresas extranjeras de Cataluña. Aquí, la presencia almeriense está más definida. La Udeff identifica a Oriol Pujol como cabecilla de la presunta trama corrupta. Y sitúa al albojense Pedro Navarrete, responsable de Sony España hasta abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, en el “el núcleo central”. En su empresa, Invalcor, “la participación de Oriol Pujol –dice la policía- es encubierta, percibiendo los retornos que en su caso se distribuyan‘.

También en este asunto aparecen los hermanos Lao, almerienses de Las Tres Villas, dueños de Cirsa. Cirsa compró a Sharp una planta de producción de pantallas de LCD en San Cugat. En la negociación intervino Pujol, y también María Jesús Muro. En una conversación intervenida el 22 de julio de 2011 se habla de pagar la comisión en un paraíso fiscal. La policía reproduce conversaciones comprometidas entre la mujer de Pedro Navarrete y los presuntos testaferros y socios de Pujol, Sergi Alsina y Sergi Pastor. En esas conversaciones, los Lao no salen bien parados. Emilio Ruiz.

Nota del autor:

La limitación de espacio de la columna de La Voz de Almería me obliga a reducir los textos hasta dejarlos en determinada dimensión. A continuación se reproduce el artículo en su integridad:


Ha sido esta semana –semana maldita, que dirían algunos- la semana de los papeles. Los papeles de Bárcenes. Y de Gürtel, que, con tanto lío, no sabe ya uno si es la misma cosa o es otra. No aparecen nombres almerienses en la trama. Ni por parte de los que dan ni por parte de los que toman. Por la primera, lo más cercano que nos queda anda por tierras sevillanas y malagueñas. Los presidentes de las constructoras Azvi, de Sevilla, y Sando, de Málaga, eran asiduos de Génova, según “El País”. Por la segunda, lo más próximo que tenemos es un diputado que nos representa en el Parlamento de Andalucía, Javier Arenas. Todo falso, según Rajoy.

Donde sí parece que tenemos la cosa más fea, en cuanto a paisanaje, es en el llamado “Caso de las ITV”, que tiene muchas ramificaciones, una de ellas la negociación para la compraventa de empresas extranjeras de Cataluña. Aquí, la presencia almeriense está más definida. La Udeff identifica a Oriol Pujol como cabecilla de la presunta trama corrupta. Y sitúa al albojense Pedro Navarrete, responsable de Sony España hasta abril de 2012, y a su esposa, María Jesús Muro, en el “el núcleo central”. En su empresa, Invalcor, “la participación de Oriol Pujol –dice la policía- es encubierta, percibiendo los retornos que en su caso se distribuyan‘.

Los informes de la policía destacan tres reuniones importantes "que resultan de gran relevancia" y que son las que señalan los proyectos del grupo. A la última de ellas asisten supuestamente Sergi Alsina y su esposa, Sergi Pastor, María Jesús Muro, Pedro Navarrete, Xavier Pujol y su esposa, y Oriol Pujol y su mujer".

María Jesús Muro adquiere un protagonismo especial en todo este lío. Según se puede leer en el informe policial, hecho público por El Confidencial, en un momento determinado Jordi Alsina propuso a Oriol Pujol varios nombres para su nombramiento en calidad de “responsables o consejeros” en organismos como la autonómica Subdirección General de Seguridad Industrial, el Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia de Competitividad Empresarial de la Generalidad (ACC1Ó), la Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña (holding industrial de la Generalidad) y el Instituto de Investigación Aplicada al Automóvil (Idiada), entre otros. El empresario propone al dirigente de CDC colocar a María Jesús Muro en uno de esos cargos. ‘Entre tú y yo, antes que poner a ésta quizá pongo a otra gente’, fue la respuesta de Pujol.

También aparecen los hermanos Lao, almerienses de Las Tres Villas, dueños de Cirsa. Cirsa compró a Sharp una planta de producción de pantallas de LCD en San Cugat. En la negociación, que reportó tres millones de beneficio –en la de Sony, dos- intervino Pujol, y también María Jesús Muro. Manuel Lao no era del agrado de Sergi Pastor. Pastor habla con Muro:

Sergi Pastor.- Hay veces que se ha de dejar reposar porque la gente a veces necesita ser sacudida, porque por sí mismos no lo atienden. Y creo que eso es lo que le pasa a Sergi [Alsina]. Yo creo que se ha liado él mismo. Yo creo que él mismo, de tantas emboladas complicadas, se ha liado. Y entonces, a fuerza de tratar con los Lao, a fuerza de tratar con tal... yo creo que a él se le ha pegado algo. Porque, claro, si ha tenido que discutir con los Lao, que Dios le coja...

María Jesús Muro.- Se pega a los mejores.

Sergi Pastor.- Exacto. Hombre, mira, tiene dos cosas de discusiones con el Serra y con los Lao. Que sólo que se le haya pegado un uno por mil, ya le afecta algo. En malo, quiero decir...

María Jesús Muro.- En malo, siempre en malo, qué pena.

Sergi Pastor.- Sí, por los Lao. Yo se lo dije... digo... te están negociando. Es que, además, los Lao, unos tíos que han empleado gente para romper piernas, imagínate...

viernes, 1 de febrero de 2013

Un diario de tirada nacional


Independientemente de la veracidad o no de los documentos que ayer publicó El País, lo que está claro es que a María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular,  no le ha hecho ni chispa de gracia que el periódico de Prisa los saque a la luz. Y tanto no le hizo gracia, que en la rueda de prensa celebrada ayer en el sede del PP, Cospedal echó mano de multitud de filigranas dialécticas para no nombrar nunca al diario El País.

El País fue ayer el gran protagonista del día, de igual forma que una semana antes lo fue el diario El Mundo. Pero Cospedal no estaba por la labor de hacerle ni un solo segundo de publicidad al periódico. Tras una hora larga de rueda de prensa, centrada en la información que publicaba el periódico de Prisa, ni una sola vez la secretaria general del Partido Popular lo nombró por su nombre. De su boca nunca salieron esas dos sílabas –El y País- que tantos quebraderos de cabeza les están dando estos días.

Para nombrar al supuestamente innombrable Cospedal se valió de mil argucias, utilizando expresiones como “un diario de tirada nacional”,  “ese diario al que usted alude”, “el periódico al que hace referencia”, “ese medio que publica esta información”, etc., etc.

¿Y qué hubiera pasado si María Dolores de Cospedal hubiera nombrado al diario El País por su nombre? Pasar, no hubiera pasado nada. Tampoco ha pasado nada por no nombrarlo, pero el hecho se presta a múltiples interpretaciones. A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que las queremos hacer. Emilio Ruiz.