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sábado, 17 de marzo de 2012

Daños colaterales

El proceso de concentración bancaria, que el jueves por la noche escribió un nuevo capítulo con la absorción, por fin, de Caja España-Duero por la andaluza Unicaja, está produciendo un acelerado cierre de oficinas, un hecho que, en sí, no sería tan grave si no fuera porque, por cada oficina que se cierra, uno o varios empleados van a engrosar las listas del paro. En España, el número de sucursales bancarias roza las 40.000, y el de empleados, los 260.000. Se cree que, de aquí a 2015, se cerrarán el 35% de oficinas, mientras el número de empleados bajará al menos en 30.000.

En el terreno que nos afecta de forma más cercana, la unión de España-Duero con Unicaja no va a ocasionar un cierre cuantioso de oficinas. Por una razón: porque en su propio proceso de fusión, las dos cajas castellano-leonesas ya cerraron 250. Sí sigue habiendo excedente de personal, en torno a 2.000, de los que solamente 300 saldrán de Unicaja. Los empleados de Unicaja mayores de 55 años han recibido una llamada telefónica proponiéndoles un acuerdo de jubilación anticipada. La entidad quiere negociar con los empleados afectados de forma individual, algo que incomoda a los sindicatos, que desean un tratamiento global.

Por lo que respecta a la fusión de Cajamar con Ruralcaja, también el proceso va a ocasionar cierta reestructuración de plantillas, principalmente en oficinas de Murcia, Almería y Málaga. El plan elaborado por Cajas Rurales Unidas, la entidad nacida de la alianza entre ambas, contempla la prejubilación de 400 trabajadores mayores de 55 años, además de un interesante plan de movilidad geográfica que espera contar con la aprobación de los empleados afectados, a quienes se les ofrece hasta 8.000 euros por desplazarse a otra oficina que esté a más de 200 kilómetros. Mejor eso que el paro. Emilio Ruiz.