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martes, 28 de febrero de 2012

Unicaja se replantea su fusión con Caja España-Duero

El proceso de reestructuración del sistema bancario es tan cambiante que lo que un día se puede considerar un hecho consumado, al siguiente se convierte en una simple posibilidad y al otro en una imposibilidad. Es lo que está pasando con la fusión entre Unicaja y Caja España-Duero. Hace unos meses ambas entidades constituyeron sus respectivos bancos, Unicaja Banco, una, y Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, otra. De hecho, tanto una como otra operan ante sus clientes no como cajas, sino como bancos. Las respectivas asambleas generales tienen aprobada su fusión. Solamente falta constituir el banco común, que se formaría con la unión de ambos en una proporción de 70 para los andaluces y 30 para los castellano-leoneses, y echar a rodar como una sola entidad.

Pero han surgido nuevos imprevistos. La reforma bancaria aprobada por el Gobierno el pasado 3 de febrero ha supuesto un cambio en las reglas del juego. De Guindos ha endurecido el listado de exigencias a las entidades. Unicaja, ahora, debe constituir provisiones por 691 millones de euros. Medel ya ha dicho que no hay problema, que 264 millones los coge de sus excedentes de capital y los 427 restantes los tiene “preconstituidos” en sus de provisiones y en la propia cuenta de resultados. En modo alguno quiere acogerse al Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

España-Duero, por su parte, tiene la cosa más complicada. En su día, la fusión de Caja España y Caja Duero necesitó de 525 millones del Frob. Antes del 31 de marzo, como consecuencia del “Plan Guindos”, necesita provisionar otros 638 millones para garantizar sus activos problemáticos en el sector inmobiliario. ¿Y de dónde puede sacar España-Duero tanto dinero? Evaristo del Canto, el presidente, se ha apresurado a decir que la fortaleza de la unión con Unicaja da para eso y mucho más.

Pero Braulio Medel está lleno de dudas. El presidente de Unicaja no quiere, bajo ningún pretexto,  acogerse a los ofrecimientos del Frob, porque eso le restaría capacidad de maniobra y de decisión, empezando por el control del sueldo de los directivos, limitado en las entidades que han necesitado de ayudas públicas.

En esta tesitura, en Unicaja se están replanteando un abandono de las negociaciones de fusión con España-Duero. “O llega saneada o no hay fusión”, ha venido a decir Medel. La nueva postura de la andaluza ha desconcertado a la castellano-leonesa, que daba todo el proceso por hecho. En Caja España-Duero saben que, si se frustra la unión con Unicaja, su final pasar a manos del Banco de España, antesala de la venta y desaparición.

Con las nuevas exigencias del Ministerio de Economía, Unicaja ha hecho sus cuentas y le sale más rentable hacerse con la caja castellano-leonesa una vez que ha sido tomada por el Banco de España que no ahora. Incluso más rentable le sale hacerse con alguna de las otras cajas intervenidas. CatalunyaCaixa o NovacaixaGalicia son dos entidades, por su tamaño, difícil de digerir, pero todo se puede ver si detrás existe un apoyo similar al que el Banco de España dio al Banco Sabadell para hacerse con la CAM. En último término queda una fusión con Ibercaja, una entidad de similar tamaño que muchos ven como la compañera de viaje idónea para la andaluza.

Y mientras todo esto se cuece en los ambientes financieros, el nerviosismo entre los empleados de Unicaja empieza a hacerse patente. Cuando se daba por hecha la fusión con Caja España-Duero también se daba por aceptado que el excedente de personal era de dos mil empleados, 1.800 de la plantilla de Unicaja. La última reunión de la mesa laboral se produjo el 2 de febrero. No se pudo adoptar acuerdo alguno porque al día siguiente era cuando el Gobierno iba a sacar su reforma financiera. Posteriormente ha entrado en vigor la reforma laboral, que abre la posibilidad de hacer ajustes de personal con una indemnización de 20 días por año trabajo con un máximo de 12 mensualidades. Banca Cívica ya se ha acogido a la nueva normativa. Si lo hace también Unicaja, las prejubilaciones o despidos de ahora serán mucho menos favorables para los trabajadores que los realizados en anteriores ocasiones. Emilio Ruiz.

sábado, 25 de febrero de 2012

Las oposiciones de Andalucía

Durante las últimas semanas he prestado mucha atención a las razones que esgrime el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, para mantener inalterable su propósito de continuar adelante con la convocatoria de oposiciones para profesores de Secundaria y FP. Que me perdone el consejero, pero no veo argumentos sólidos. Basa éstos, principalmente, en el deseo de estabilizar la función pública para conseguir que el 90% del profesorado sea definitivo, en el crecimiento del número de alumnos y en la prevalencia que en Andalucía tiene la educación pública sobre la concertada.

Si ésos son los argumentos favorables, los desfavorables son de mayor entidad, en mi modesta opinión. Sin reparar en la oposición frontal del Gobierno central por las limitaciones presupuestarias impuestas a las comunidades autónomas, en el cambio del temario a pocos meses de los exámenes (tiene guasa estudiarse un temario de Secundaria del año 1993) y en el grado de incertidumbre en el que se halla el proceso por la amenaza de impugnación por parte del Ministerio de Hacienda, razones suficientes, todas y cada una de ellas, para haberse quedado quietecito, hay otra aún más poderosa: las consecuencias nefastas que estas oposiciones van a tener para los opositores andaluces por culpa del “efecto llamada”. Sólo Andalucía, País Vasco, Cantabria y Madrid convocan oposiciones. De las 3.095 plazas, 2.389 corresponden a Andalucía. Quiere eso decir que casi todos los opositores españoles se van a venir para acá a disputarle la plaza a nuestros diplomados y licenciados. ¿No hubiera sido mejor, para nosotros, esperar a convocar oposiciones cuando lo hagan el resto de comunidades autónomas y servirse, mientras tanto, de profesores interinos andaluces? Emilio Ruiz.

sábado, 18 de febrero de 2012

Pilar Navarro

Si hacemos un recuento de las decenas de almerienses que, en los últimos años, han ocupado un escaño en el Parlamento de Andalucía podemos caer en la cuenta de que muchos de ellos –la mayoría, tal vez- han pasado por allí con más pena que gloria. Cierto es que estos señores y señoras, antes de alcanzar el tratamiento de ilustrísimos, poco destacaban dentro de la vida empresarial o profesional almeriense. Pro el Hospital de las Cinco Llagas tampoco les mejoró. La presencia de mediocres en las instituciones públicas no se circunscribe al Parlamento de Andalucía. Incluso el Congreso y el Senado dan cobijo hoy a un buen número de señorías a las que no se les conoce mayor mérito que tener un desarrollado sentido de la oportunidad.

Pilar Navarro saltó de la universidad a la política tras un brillante expediente académico. Lo hizo con algo de ingenuidad y sin valorar la complejidad del mundo en el que entraba. Su presencia en las instituciones, primero en el Ayuntamiento y después en el Parlamento andaluz, en la ejecutiva regional del PSOE y en la Fundación Alfonso Perales, que puso en marcha, fue considerada un estímulo para muchos jóvenes, reacios a comprometerse políticamente. Una leve brisa dentro de su partido ha sido suficiente para volverle, a ella y a los demás, a la triste realidad.

La política nunca ha tenido un espacio para Pilar. Sus principios, los principios por los que ella se rige, tienen que ver con el esfuerzo, la preparación, la constancia y la dedicación. Los principios por los que se rige la política son otros. Tienen más que ver con la sumisión, el cinismo y la adulación. No sé qué esperaba Pilar de un partido en el que la recientemente ascendida a vicesecretaria general se enorgullece de no tener título alguno porque la universidad le aburría. Emilio Ruiz.

domingo, 12 de febrero de 2012

Las 20 preguntas clave para entender la reforma laboral

El Gobierno ha aprobado la reforma laboral, ésa que el presidente Rajoy anunció que le iba a costar una huelga general y que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha calificado como histórica. El Real Decreto-ley ocupa 60 páginas del Boletín Oficial del Estado, lo que indica el grado de complejidad y la enorme cantidad de artículos que se han introducido en la legislación laboral vigente y la también enorme cantidad que han sido modificados. Para no perderse en el entramado legislativo, éstas son las preguntas clave que hay que hacerse para comprender el alcance del nuevo texto legislativo:

Pregunta 1.- ¿Ha entrado en vigor la reforma laboral?
Respuesta.- Sí. El Real Decreto-ley 3/2012 se publicó el sábado 10 de enero y entró en vigor al día siguiente.

P/2.- ¿Este texto es definitivo o está sujeto a cambios?
R.- El Gobierno ha manifestado que el Real Decreto-ley se trasladará al Parlamento en los próximos días para su tramitación como proyecto de Ley para obtener el máximo consenso posible. Al disponer el Partido Popular de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados no habrá inconvenientes para que sea ratificado tal como ha salido del Consejo de Ministros. En nuestra opinión, habrá pocos cambios, que serán técnicos, de matización y, en cualquier caso, de poco alcance.

P/3.- ¿Se rebaja la indemnización por despido?
R.- Se reduce la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos, que pasa de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos. Para éstos la nueva indemnización de 33 días sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir del día 11 de febrero. Estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades.

P/4.- ¿Cómo queda el despido objetivo con la reforma?
R.- El despido objetivo es el que permite a las empresas despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. No  obstante, la nueva norma matiza las causas económicas, de tal forma que una disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos será motivo suficiente para recurrir al despido objetivo.

P/5.- ¿Pueden las empresas del sector público realizar despidos objetivos?
R.- Sí. Se abre la posibilidad de que los organismos y entidades del sector público invoquen causas económicas, organizativas, técnicas o de producción para redimensionar plantillas.

P/6.- Con la anterior legislación, cualquier expediente de regulación de empleo (ERE) necesitaba autorización previa de la autoridad laboral. ¿Cómo quedan los “eres” con la reforma?
R.- Se ha suprimido la exigencia de autorización administrativa previa.

P/7.- ¿Se reduce el número de contratos y/o se introduce alguno nuevo?
R.- La reforma no sólo no suprime ninguna de las modalidades de contratación anteriores sino que crea un nuevo contrato indefinido para los autónomos y las pymes con menos de 50 trabajadores. Este contrato incluye una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer trabajador menor de 30 años. Además, por primera vez el desempleado podrá compatibilizar voluntariamente el nuevo sueldo con el 25 % de la prestación por desempleo que recibe.

P/8.- ¿Qué bonificaciones económicas se le ofrecen a quien contrate un nuevo trabajador?
R.- Se bonifica la cuota de la Seguridad Social con un total de 3.600 euros a quienes empleen a jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años. También se bonifica durante tres años la Seguridad Social de los parados de larga duración que sean mayores de 45 años y hayan estado desempleados al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación. La  bonificación será de 1.300 euros cada año, cantidad a la que se podrán sumar otros 1.500 euros si se trata de una mujer y trabaja en un sector en el que tengan poca representación.

P/9.- El anterior Gobierno modificó la ley que prohibía encadenar contratos temporales. ¿Cómo queda el encadenamiento de contratos temporales con la nueva ley?
R.- Se vuelve a prohibir el encadenamiento indefinido de contratos temporales. A partir del 1 de enero de 2013 se acaban los encadenamientos que superen los 24 meses.

P/10.- ¿Cómo queda el contrato de formación?
R.- En la reforma laboral se impulsa un contrato para la formación y el aprendizaje. La edad máxima para acceder a este tipo de contrato es de 30 años.

P/11.- ¿Pueden actuar las empresas de trabajo temporal como agencias de colación?
R.- Sí, las ETT funcionarán también como agencias de colocación en colaboración con las oficinas públicas de empleo.

P/12.- Si los agentes sociales no se ponen de acuerdo para prorrogar un convenio, ¿en qué situación queda éste?
R.- La reforma laboral pone fin a su prórroga automática cuando vencen, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.

P/13.- Hasta ahora, los convenios del sector eran de rango superior a los convenios de empresa. ¿Y ahora?
R.- Ahora es la inversa, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.

P/14.- ¿Hay alguna modificación en cuanto al absentismo laboral e incapacidad temporal?
R.- Para considerarlo causa de despido se elimina la vinculación del absentismo individual del trabajador con el que tenga la plantilla. También se establece más colaboración con las Mutuas de Trabajo para evaluar la incapacidad temporal de los trabajadores.

P/15.- ¿Se elimina el llamado “despido express”?
R.- El “despido express” es la forma de despido a la que se han acogido la mayoría de las empresas para cesar a trabajadores con contrato indefinido. Se reconocía la improcedencia del despido y se abonaban al trabajador 45 días de salario por año trabajado. Esta forma de despido desaparece.

P/16.- ¿Desaparecen los salarios de tramitación?
R.- Si un despido es declarado improcedente y la empresa readmite al trabajador, éste tiene derecho a percibir los salarios devengados desde el día del despido. Si el empresario opta por la indemnización, el finiquito es hasta el día del despido, no hasta el día de la resolución judicial.

P/17.- ¿Quién tiene que demostrar si un despido es procedente o improcedente?
R.- Hasta ahora era el empresario. Con la reforma laboral se invierte la carga de la prueba y es el trabajador el que tiene que demostrar que el despido es improcedente.

P/18.- ¿Puede la empresa baja el sueldo de un trabajador?
R.- Sí, se puede bajar el sueldo si está por encima de convenio y hay causas objetivas que lo aconsejan. Si el trabajador no está conforme, puede extinguir su contrato con una indemnización de 20 días por año de trabajo, con un tope de 9 mensualidades.

P/19.- ¿Puede la empresa cambiar el horario, las funciones y el lugar de trabajo?
R.- Sí, con las mismas consecuencias y opciones que el punto anterior.

P/20.- ¿Puede un desempleado ser requerido para prestar servicios de interés general?
R.- Efectivamente, el Gobierno impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones Públicas. Emilio Ruiz.

domingo, 5 de febrero de 2012

Oposiciones en Andalucía: el efecto llamada

Pese a las reticencias del anterior Gobierno central socialista, el BOJA anunció el pasado 9 de enero la convocatoria de 2.389 plazas de profesores de Secundaria en Andalucía. Ya que el anterior no pudo, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha intentado también convencer al consejero Álvarez de la Chica de que desista de sus intenciones. No lo ha logrado. Las razones que ofrece el consejero se basan en un deseo de estabilizar la función pública “para conseguir que el próximo año el 90% del profesorado sea definitivo en su destino”, al crecimiento en el número de alumnos y a la considerable prevalencia que en Andalucía tiene la educación pública sobre la concertada. Hasta el día hoy el Gobierno no ha anunciado si recurrirá la convocatoria, cuestión que corresponde al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los argumentos de la Junta de Andalucía son sólidos. Pero son los mismos que podrían emplear otras comunidades autónomas que no van a convocar oposiciones. Solamente Andalucía, el País Vasco y Canarias van a seguir adelante. Todos los opositores del Estado español se van a concentrar en estas tres comunidades. Las dificultades para presentarse en el País Vasco son del todo conocidas. Canarias tiene poco atractivo, por su lejanía, para los opositores de la península. Queda Andalucía. Aquí vendrán a presentarse casi todos los opositores de España. El “efecto llamada” se traduce, en la práctica, en menos posibilidades para los opositores andaluces, que tienen que competir por una misma plaza con colegas llegados de todo el país. ¿No hubiera sido mejor esperar a convocar estas oposiciones en 2013, simultáneamente con el resto de comunidades autónomas? ¿Tan grave es que esas plazas sean ocupadas, mientras tanto, por interinos andaluces? Emilio Ruiz