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sábado, 24 de septiembre de 2011

La sentencia de Huércal-Overa

Emilio Ruiz
www.emilioruiz.es

Luis García Collado y Diego Ortega Parra son dos expolíticos de Huércal-Overa. El primero ha sido alcalde del PSOE. El segundo, portavoz municipal del PP. Hoy, ambos están retirados de la política. García Collado se dedica a la enseñanza; Ortega, a su profesión habitual de empresario inmobiliario. La vida política de Luis y Diego ha estado repleta de denuncias judiciales cruzadas, unas resueltas y otras pendientes de juicio. En los tribunales se han mezclado asuntos derivados de la relación política con derivados de la condición de Ortega como promotor. A este último capítulo corresponde la sentencia que acaba de dictar el juez Rivera. La historia se remonta a 2006, cuando el ayuntamiento paraliza por exceso de altura las obras de un edificio que estaba construyendo el líder popular. Los jueces no vieron ilegalidad alguna en las obras, pese a lo cual el ayuntamiento continuó con la paralización hasta que el constructor solicitara nueva licencia, cuestión que éste consideraba innecesaria por mediar auto judicial. El nuevo viaje a los juzgados para dirimir esta cuestión  se ha resuelto con una sentencia favorable para el exconcejal, que debe ser indemnizado con 2,7 millones de euros.
Edificio de Las Monjas, objeto del litigio

Pero como la justicia es tan lenta ha habido tiempo hasta de que cambie la situación política del municipio. Ahora, a quien se condena no es a un ayuntamiento socialista, sino a uno gobernado por el partido de Diego Ortega. Qué cosas. Menudo papelón le ha caído a Domingo Fernández, el alcalde. Tiene que decidir entre indemnizar a su compañero y amigo o recurrir la sentencia. Parece que se va a inclinar por esto último “pese a que entendemos las acciones que ha adoptado el señor Ortega, al que, según la sentencia, se le ha lesionado muy gravemente”. Y Ortega, ¿qué dice?

sábado, 17 de septiembre de 2011

¿Cuántos parados hay en Almería?

Emilio Ruiz
www.emilioruiz.es

¿Cuántos parados hay en Almería? Para una pregunta tan sencilla no existe respuesta fácil. Si estuviera obligado a dar una, daría ésta: no se sabe. Podemos hablar, sí, de estimaciones, de apreciaciones, de paro registrado, de encuestas, de sondeos, de estudios, pero de verdad, de verdad, el número de parados que hay en Almería no lo conoce nadie. Y como nadie lo conoce, vamos a acercarnos a una estimación.
Según el INEM los parados
 de Almería son 75.591

Antes de nada, pongámonos en antecedentes. El Gobierno utiliza dos sistemas para medir el paro. Uno de ellos es a través del INEM, donde se registran los demandantes de empleo. Es lo que llaman el paro registrado. Según el INEM, en Almería hay  75.591 parados. El otro sistema es a través de la Encuesta de Población Activa (EPA), que funciona más o menos como los sondeos de intención de voto: preguntando a la gente. Los datos de la EPA son los que tienen más fiabilidad en la UE y los que se utilizan para comparar datos entre países. Según la EPA en Almería hay 123.400 parados.

Como se ve, la distancia es abismal, por lo que ninguno de los dos datos nos sirve excepto como referencia. Y vamos con la estimación.  Si tomamos ambos datos y hacemos la media nos sale que los parados almerienses son alrededor de  100.000. Descontemos los parados “estructurales”, esos que nunca van a trabajar aunque haya pleno empleo. Son el 10%. Quedan 90.000. Restemos ahora los empleados en la economía sumergida, o sea, “parados que trabajan”, que son el 25/30 %, según reconocen los propios sindicatos. Quedan 65.000. Pues ése es el número de parados que hay en Almería.

¿Muchos o pocos? Muchísimos. Demasiados para una provincia que hace pocos años pensaba en el pleno empleo y que demandaba inmigrantes porque aquí encontrar un trabajador era tarea casi imposible.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Ruiz-Mateos

Emilio Ruiz
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El “caso Nueva Rumasa”, que tiene como protagonistas principales a José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos –varones, por supuesto-, es tan repugnante que cuesta creer que puedan suceder cosas así en un país serio como se supone que es España. No solo han estafado a los bancos, han arruinado a cientos de proveedores y han roto las ilusiones y la esperanza de un montón de incautos ahorradores, sino que, encima, se permiten el lujo de reírse de todos ellos ante sus propias narices. La última representación familiar, la semana pasada, fue tan grotesca como todas. Más desvergüenza junta es imposible. Con la solemnidad que les es habitual han anunciado que han vendido sus empresas, por 1.500 millones de euros, al grupo empresarial propiedad del empresario Ángel Cabo Sanz. 1.500 millones de euros es justamente el pasivo de las empresas. Es decir, que las han vendido por cero euros. Por las deudas, vamos, que solemos decir.
José María Ruiz-Mateos, con sus seis hijos varones

¿Y quién es el tal Ángel Cabo? Pues menudo personaje. Este hombre es el mismo que compró hace unos meses Viajes Marsans, y un poco antes, la constructora Teconsa. Su misión en esta vida es comprar gratis empresas en quiebra o en suspensión de pagos y liquidarlas poco a poco. En el proceso, repesca todo lo que puede, posiblemente en connivencia con los antiguos propietarios. Arriesgar, no arriesga nada, pues quien compra en realidad ni siquiera es él a título personal, sino una empresa pantalla. En este caso, la empresa se llama Back in Business. Tiene un capital social de 3.000 euros y su objeto social es la venta de artículos de regalo. Y esta empresa será, según Ruiz-Mateos, la que tendrá que hacer frente a las obligaciones contraídas, pues “la compra no altera las garantías concedidas a los inversores en las distintas emisiones de pagarés de Nueva Rumasa”. ¡Habráse visto más cinismo!

No hace falta ser un adivino para saber cómo va a terminar toda esta historia: aquí, el que más puso, más perdió. José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos –varones, por supuesto- limpiarán su conciencia, si es que no la han limpiado ya, ante su confesor de cabecera. Con dos padres nuestros y tres aves marías habrán pagado sus tropelías. Los “jayeres” los tendrán a buen recaudo. A los bonistas perjudicados el único consuelo que les queda es tomarle la palabra de aquello que dijo: “antes de fallaros, me quitaría la vida... si mi religión me lo permitiera”. Pero, claro, me parece que su religión, que posiblemente será la misma que la de sus bonistas, no se lo permite.

sábado, 10 de septiembre de 2011

Un delicado asunto que hay que investigar

Emilio Ruiz
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Un grupo de familias afectadas por supuesta mala praxis médica en el Hospital La Inmaculada, de Huércal-Overa, ha constituido la asociación “Lucha por un parto feliz”. Se unen para conseguir que se depuren posibles responsabilidades médicas en el servicio de Tocoginecología del hospital. Hasta hoy se han sumado a la asociación o han contactado con ella familias de Huércal-Overa, Mojácar, Olula del Río, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Albox y Águilas. Consideran que el hospital apura tanto los partos naturales que se llega a poner en riesgo la vida de las madres y en al menos una docena de ocasiones en el último año se ha producido la muerte de los bebés. Por eso entienden que la tasa de cesáreas de La Inmaculada esté cinco puntos por debajo de la media nacional. “Todavía no he encontrado un caso –dice el marido de una de las afectadas- en el que a una mujer se le deje parir de forma natural un bebé de 63 centímetros y 4,4 kilos de peso”.
La Gerente del Hospital, con el Delegado de Salud

El asunto es tan delicado que requiere de mucha cautela y responsabilidad. Los padres tienen derecho a que el SAS les proporcione una información exhaustiva de los casos denunciados, independientemente de los cauces por los que vaya la justicia. Pero airear, ya, nombres y apellidos de profesionales es un acto de insensatez. Se comprende, por otra parte, el corporativismo del Colegio de Médicos, habitual en estos casos, pero no tanto la reacción de la gerencia del Área Sanitaria Norte. Lo menos que se necesita son amenazas de acciones legales. Los padres de los bebés fallecidos no actúan conducidos por el ánimo de dañar al sistema público de salud, sino por el dolor que les produce la muerte de un hijo y el deterioro de la salud de una madre por prácticas médicas que consideran inadecuadas. Ante eso, la respuesta debe ser investigación a fondo y depuración de responsabilidades si fuera necesario.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Unicaja 70, Caja España-Duero 30

Emilio Ruiz
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No es, obviamente, el resultado de un partido de basket, por más que el Unicaja Baloncesto nos tenga acostumbrados a resultados como éste y a otros aún más abultados. Es el acuerdo final al que han llegado Unicaja y Caja España-Duero en el reparto de la entidad resultante de la fusión de ambas entidades. O, para ser más exactos, en el banco resultante de la fusión de los bancos que ambas entidades han constituido ex profeso. El porcentaje difiere ligeramente del que establecieron el 14 de abril en el preacuerdo de integración, que era de 63-37. La razón de este reajuste es por el resultado de una “due diligence” que no deja a las cajas castellano-leonesas en muy buen lugar. Esta tarde, los consejos de administración de las dos entidades han sellado la integración, configurándose así la tercera entidad financiera española con base en cajas de ahorros, tras Bankia y Caixaibank. Sólo falta ya lo que no deja de ser un mero trámite: los acuerdos de las asambleas generales extraordinarias que deberán realizarse antes del 30 de septiembre para dar cumplimiento a los plazos establecidos por el Banco de España. La nueva entidad podría estar totalmente operativa el 1 de enero de 2012. Tendrá 80.000 millones de euros en activos y más de 9.000 empleados.

Si hubiera que destacar algunos aspectos significativos del proceso que ahora culmina, ésos serían tres: profesionalidad, responsabilidad y sentido de la realidad. Braulio Medel, presidente de Unicaja, y Evaristo del Canto, presidente de Caja España-Duero, han dado un ejemplo de profesionalidad. Para ello, siempre han contado con el apoyo político, inestimable en estos casos, tanto de las autoridades de Castilla y León y de Andalucía como de los partidos que gobiernan ambas comunidades. Un acuerdo como éste, tan descompensado, se presta mucho para ejercer la demagogia y al victimismo, sobre todo por la parte que se considera perjudicada. El Partido Popular de Castilla y León ha cortado de raíz cualquier intento de desestabilización, reuniendo la semana pasada a todos sus presidentes provinciales para salir con una sola voz en defensa de una unión que consideraba como la mejor opción de entre las varias posibles.

Una actitud, por cierto, bien diferente de la que está ejerciendo estos días Coalición Canaria con su intento de evitar de malos modos la integración de Caja Rural de Canarias en Cajamar. A Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias,  le está costando trabajo entender que el futuro de las dos cajas canarias pasa por la unión a otra u otras de mucho mayor tamaño. Caja Rural de Canarias y Cajasiete apenas alcanzan los 2.000 millones de activos cada una. Unidas nunca podrían ser “la gran caja canaria”, como él dice, sino una nueva entidad aún pequeña que necesariamente necesitaría integrarse en otra grande para poder subsistir.

Tal vez por esto, en Canarias ya están surgiendo voces que propugnan por la subida también de Cajasiete al carro de Cajamar. Manuel Gutiérrez Navas, el responsable de Comunicación de Cajamar, en su visita a las islas la pasada semana, fue preguntando al respecto. La puerta de Cajamar, vino a decir, siempre está abierta para otras entidades, pero en el caso concreto que se le exponía no tardó en añadir que para ello había que contar con la conformidad de Caja Rural de Canarias. Conformidad que fue concedida de inmediato. ¿Terminará también Cajasiete en el S. I. P. del Grupo Cooperativo Cajamar? No sería de extrañar.

sábado, 3 de septiembre de 2011

Un poco de decoro, por favor

Emilio Ruiz
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La semana pasada, los ujieres del Congreso de los Diputados pusieron de patitas en la calle a varios periodistas que fueron a cubrir una sesión del Pleno de igual modo que si fueran a tomarse un par de cervezas en un chiringuito playero. Una periodista iba en pantalón corto –“pero de diseño, oiga”-, un cámara llevaba una camiseta de tirantes y un fotógrafo dejaba sus pies reposar sobre unas sandalias playeras y tapaba su torso con una camiseta  que lucía una leyenda de éstas tan sugestivas que se llevan ahora, tipo “que la sigan chupando” o “mi mamá me quiere (echar de casa)”. “¡Fue humillante!”, exclamaron los afectados.
El alcalde de El Ejido, con el Presidente
de la Asociación de Empresarios La Redonda

Unos días antes, en las JMJ, unas monjitas llamaron la atención a unas peregrinas que cubrían la parte superior de su cuerpo con un simple sujetador. Y, descendiendo a nuestra parcela provincial, hace unos meses, el gabinete de prensa de Asempal informaba de la constitución de una sucursal, o algo así, en Canjáyar. En la foto de la asamblea destacaban dos empresarios por los chillones colores de sus bermudas.

Y la última, por ahora. El ayuntamiento de El Ejido ha informado que el alcalde “mantenía una reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Redonda, Antonio García Villegas, en la que, en términos positivos, se planteó la necesidad de adecentar, dignificar y, en general, asear el núcleo industrial de El Ejido con el objetivo de impulsar la actividad comercial y ofrecer una mejor imagen”. Ilustraba la nota oficial una foto en la que se ve al alcalde con corbata y a su interlocutor en bañador (muy perspicaz La Voz cortando la foto por donde el bañador pierde su extensión). Podía haberle dicho señor el alcalde al señor García: “¡Pues si queremos adecentar, dignificar y ofrecer la mejor imagen, qué cosa mejor que empezar por casa, hombre!”.