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domingo, 17 de octubre de 2010

Negociación de los presupuestos: siempre la misma cantinela

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
Salvo contadas ocasiones, el Parlamento español ha tenido siempre una composición similar: dos grandes partidos nacionales (uno de ellos en el gobierno, con mayoría absoluta o relativa, y otro en la oposición), uno o varios partidos nacionales de limitada entidad (en este legislatura IU y UPyD) y un conglomerado de partidos de corte regionalista (entre los que siempre destacan dos históricos: el PNV y CiU). Esta configuración es consecuencia de una distribución de escaños que no se ajusta a criterios de proporcionalidad pura, pues mientras hay partidos o coaliciones como IU, que necesitan de más de un millón de votos para obtener un escaño, otros, como es el caso del PNV, con unos pocos cientos de miles de votos logran obtener media docena de diputados. Esta situación no es ni mucho menos novedosa, sino que se arrastra desde la promulgación de la constitución del 78 y las leyes electorales que la han desarrollado. Se han ofrecido, sobre todo por las partes perjudicadas, propuestas de modificación, entre ellas las de crear una circunscripción de ámbito estatal e incluso incrementar el número de escaños, pero la pura realidad es que tanto el PSOE como al PP no han mostrado interés alguno por esa labor.

Mientras la situación siga siendo la que es, un partido de gobierno tiene dos posibilidades de sacar adelante sus presupuestos anuales: o contando con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que ha ocurrido en contadas ocasiones, o buscando acuerdos de formación de mayorías con los partidos minoritarios. Y aquí, en este caso, siempre vamos a parar al mismo sitio: al PNV o a CiU. Son contadas las ocasiones en las que se ha podido conformar una mayoría parlamentaria al margen de la negociación con estos dos grandes partidos nacionalistas.

Negociar es ceder, negociar es renunciar a algunos de tus postulados para aceptar algunos de los postulados de la otra parte. Nadie entendería –y menos los votantes de un partido- que se prestaran los escaños de una formación política a otra a cambio de nada. Hasta el día de hoy, cuando se están negociando los presupuestos generales de 2011, la negociación entre el partido del gobierno y sus potenciales aliados ha pilotado, generalmente, sobre dos ejes fundamentales: uno, el traspaso de una serie de competencias a la comunidad autónoma de la que es representativo el partido que apoya (este vez, el PNV y también CC), y otro, la asunción por el gobierno central de una serie de inversiones en el territorio autonómico de ese partido.

Este guión lo han seguido siempre al pie de la letra el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español cuando han necesitado del concurso de otros partidos para conseguir una mayoría parlamentaria. En el anecdotario español queda para el recuerdo aquel encuentro de Pujol con Aznar, en el que éste manifestó, en un ataque desmesurado de querer agradar, que él hablaba catalán en la intimidad. O aquella manifestación solemne de Felipe González diciendo que el IRPF era una de las cuestiones intocables para la unidad del Estado y salió de su reunión con Pujol cediéndole el 15 % del IRPF. Y es que, se quiera reconocer o no, estas negociaciones no tienen más que un límite: el que establece la propia Constitución. Y no es inconstitucional transferir competencias que la carta magna no prohíbe y los estatutos de autonomía permiten, y mucho menos es inconstitucional programar una serie de inversiones en virtud de un pacto establecido entre partidos.

Llevamos ya más de treinta años de parlamentarismo y desarrollo constitucional y España aún nos se ha roto, a pesar de los augurios pesimistas del partido de la oposición de turno. Hace ya mucho tiempo que los españoles alcanzamos la mayoría de edad política y en este tiempo hemos aprendido que, para nuestro interés, es indiferente que una competencia sea gestionada por el poder político estatal, el autonómico o el local, que lo único importante es que la gestión se realice de forma adecuada y con el menor coste posible para el contribuyente, que somos nosotros. Qué más nos da que el Guadalquivir sea gestionado por la Junta de Andalucía o por el Gobierno de la nación, o que el aeropuerto de El Prat esté bajo el control de la Generalitat o del Ministerio de Fomento. Lo único que queremos, en un caso y en otro, es calidad en la gestión. Lo otro es intrascendente, casi anecdótico, me atrevería a decir.