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sábado, 30 de octubre de 2010

Prensa de papel, prensa digital

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
http://www.emilioruiz.es/


Almería goza de un privilegio que está al alcance de muy pocas ciudades y provincias españolas: la posibilidad de poder hallar cada mañana, en los kioscos de prensa, nada menos que tres periódicos diarios que hablan de lo nuestro. Es un privilegio que nadie sabe cuánto tiempo va a durar. A juzgar por los acontecimientos, parece que no mucho. Para desgracia nuestra. Para desgracia de los que consideramos que es una ofensa comparar el crujir del pase de una hoja de periódico con el tecnológico arranque de un ordenador. Pero si esto es ya de por sí un privilegio, más lo es aún el hecho de poder observar cómo los tres periódicos, cada uno con sus matices, han podido evitar la tentación de abrazarse informativamente a una de las dos farolas que alumbran el panorama político provincial. El mantenimiento de ese equilibrio nos llena de orgullo a los lectores y es un regalo que recibimos cada mañana quienes amamos la independencia y la honestidad informativas.

Siento que este preciado escenario no se haya reproducido también en los dos periódicos estrictamente digitales que tenemos, “Teleprensa” y “Noticias de Almería”. Ambos están dirigidos por dos excelentes periodistas y estupendos articulistas, Javier Salvador y Rafael Martos. Ha bastado que aparezca, en el cercano horizonte, una consulta electoral para, sin pudor, desviar sus respectivas líneas informativas hacia intereses que emanan de consignas partidistas y no del interés del lector. Me duele decir esto, de verdad, porque también soy consciente de lo difícil que resulta sobrevivir en un mundo donde parece que todos tenemos que trabajar gratis para Google, que es el que se lleva todas las perras. Pero se puede ser un poco más comedido e inteligente en las formas. Tanta pleitesía y ofuscación pueden devenir en desprecio al lector y ridículo del editor. Que es lo que no queremos.

sábado, 23 de octubre de 2010

El hospital de Huércal-Overa

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra


Lo he dicho muchas veces: cada vez que voy al hospital de Huércal-Overa –y estos días he vuelto porque a la viejita de la casa le gusta poner a punto sus engranajes- me siento orgulloso de ser usuario de nuestra sanidad pública. Es un hospital pensado en clave de futuro, y no como otras edificaciones públicas, que a los dos días de su inauguración ya se quedan desfasadas. Bien diseñado, con amplios espacios exteriores –nada parecido a Torrecárdenas, por ejemplo- e interiores, es un buen ejemplo de lo que debe ser una obra pública. En cuanto al personal, de su cualificación profesional poco puedo decir –uno sabe poco de pocas cosas, pero, de sanidad, nada de nada-, pero de su cualificación personal, todos los halagos son pocos. No es por casualidad por lo que los usuarios de la sanidad pública del levante y norte de la provincia califican siempre a este hospital con la máxima nota y no es por casualidad por lo que el diario británico Daily Mirror lo calificara como el segundo mejor hospital español –detrás del Universitario de Alicante- por la calidad de sus servicios.

Porque esto es así, me sorprende que se pasen por alto algunos pequeños detalles que pueden emborronar esta buena imagen. Voy a hablar de dos. Uno, la extraña situación que produce ver en la puerta de urgencias, casi de forma permanente, a un grupo de sanitarios devorando cigarrillos a mansalva. Sí, ya sé que esa imagen tiene los días contados, por la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, pero, mientras tanto, si del escenario se hace desaparecer la escena, mejor. Y la otra, es que no la entiendo: ¿cómo se pueden tener todas las sillas de ruedas a punto de llevarlas a la cacharrería? Feo está verlas reparadas a base de esparadrapo, pero penoso es ver cómo los enfermos que las usan tienen que dejar colgando sus pies porque los reposapiés desprendidos no son repuestos. ¡Hombre, que estamos hablando de dos pesetas y media!

domingo, 17 de octubre de 2010

Negociación de los presupuestos: siempre la misma cantinela

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
Salvo contadas ocasiones, el Parlamento español ha tenido siempre una composición similar: dos grandes partidos nacionales (uno de ellos en el gobierno, con mayoría absoluta o relativa, y otro en la oposición), uno o varios partidos nacionales de limitada entidad (en este legislatura IU y UPyD) y un conglomerado de partidos de corte regionalista (entre los que siempre destacan dos históricos: el PNV y CiU). Esta configuración es consecuencia de una distribución de escaños que no se ajusta a criterios de proporcionalidad pura, pues mientras hay partidos o coaliciones como IU, que necesitan de más de un millón de votos para obtener un escaño, otros, como es el caso del PNV, con unos pocos cientos de miles de votos logran obtener media docena de diputados. Esta situación no es ni mucho menos novedosa, sino que se arrastra desde la promulgación de la constitución del 78 y las leyes electorales que la han desarrollado. Se han ofrecido, sobre todo por las partes perjudicadas, propuestas de modificación, entre ellas las de crear una circunscripción de ámbito estatal e incluso incrementar el número de escaños, pero la pura realidad es que tanto el PSOE como al PP no han mostrado interés alguno por esa labor.

Mientras la situación siga siendo la que es, un partido de gobierno tiene dos posibilidades de sacar adelante sus presupuestos anuales: o contando con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que ha ocurrido en contadas ocasiones, o buscando acuerdos de formación de mayorías con los partidos minoritarios. Y aquí, en este caso, siempre vamos a parar al mismo sitio: al PNV o a CiU. Son contadas las ocasiones en las que se ha podido conformar una mayoría parlamentaria al margen de la negociación con estos dos grandes partidos nacionalistas.

Negociar es ceder, negociar es renunciar a algunos de tus postulados para aceptar algunos de los postulados de la otra parte. Nadie entendería –y menos los votantes de un partido- que se prestaran los escaños de una formación política a otra a cambio de nada. Hasta el día de hoy, cuando se están negociando los presupuestos generales de 2011, la negociación entre el partido del gobierno y sus potenciales aliados ha pilotado, generalmente, sobre dos ejes fundamentales: uno, el traspaso de una serie de competencias a la comunidad autónoma de la que es representativo el partido que apoya (este vez, el PNV y también CC), y otro, la asunción por el gobierno central de una serie de inversiones en el territorio autonómico de ese partido.

Este guión lo han seguido siempre al pie de la letra el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español cuando han necesitado del concurso de otros partidos para conseguir una mayoría parlamentaria. En el anecdotario español queda para el recuerdo aquel encuentro de Pujol con Aznar, en el que éste manifestó, en un ataque desmesurado de querer agradar, que él hablaba catalán en la intimidad. O aquella manifestación solemne de Felipe González diciendo que el IRPF era una de las cuestiones intocables para la unidad del Estado y salió de su reunión con Pujol cediéndole el 15 % del IRPF. Y es que, se quiera reconocer o no, estas negociaciones no tienen más que un límite: el que establece la propia Constitución. Y no es inconstitucional transferir competencias que la carta magna no prohíbe y los estatutos de autonomía permiten, y mucho menos es inconstitucional programar una serie de inversiones en virtud de un pacto establecido entre partidos.

Llevamos ya más de treinta años de parlamentarismo y desarrollo constitucional y España aún nos se ha roto, a pesar de los augurios pesimistas del partido de la oposición de turno. Hace ya mucho tiempo que los españoles alcanzamos la mayoría de edad política y en este tiempo hemos aprendido que, para nuestro interés, es indiferente que una competencia sea gestionada por el poder político estatal, el autonómico o el local, que lo único importante es que la gestión se realice de forma adecuada y con el menor coste posible para el contribuyente, que somos nosotros. Qué más nos da que el Guadalquivir sea gestionado por la Junta de Andalucía o por el Gobierno de la nación, o que el aeropuerto de El Prat esté bajo el control de la Generalitat o del Ministerio de Fomento. Lo único que queremos, en un caso y en otro, es calidad en la gestión. Lo otro es intrascendente, casi anecdótico, me atrevería a decir.

sábado, 16 de octubre de 2010

Mármol de Macael

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
www.emilioruiz.es

He dudado y dudo de la utilidad de las cámaras de comercio y, por tanto, de la necesidad de su existencia. No estoy en contra de ningún tipo de asociacionismo. Todo lo contrario, creo que nos sobra individualismo y nos falta espíritu colectivo. Pero sí estoy en contra de que estas cosas se hagan por imposición. Y las cámaras de comercio son una de esas instituciones que nos han impuesto, por obligación, a los empresarios y comerciantes. Sus cuotas, todos estamos obligados a pagarlas, aunque la mayoría aún no sepamos por qué ni para qué.

A pesar de este principio general, no se me está pasando por alto alguno de los aspectos de la labor del actual presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano. La mayoría de presidentes de las cámaras, de ésta y de todas, quieren jugar un papel propio de líderes políticos o sindicales. Agotan su labor en la reivindicación y olvidan que los altos presupuestos que manejan le otorgan un poder ejecutivo. Creo que Martínez Cano sí tiene las ideas claras. Sus declaraciones de esta semana a Canal Almería y La Voz de Almería son una buena prueba de ello. A quien no las haya leído, aconsejo que lo haga. Como hombre del Mármol que es, me quedo con algo que le preocupa y que nos preocupa: el futuro de aquella comarca. La industria extractiva está tocando techo, y el mármol que manejan nuestros marmolistas ya no procede de las entrañas de la sierra de Macael sino de países lejanos. Esto puede tener un problema: el de nuestra falta de competitividad. Muchos de nuestros industriales no eluden la tendencia de trasladar sus centros productivos cerca de los lugares de extracción y/o de comercialización, que ni en un caso ni en otro son, principalmente, España. Y esto tiene un peligro. Un peligro muy serio. La cuestión está en definir cuál es el espacio que va a ocupar Macael en el nuevo panorama.

sábado, 9 de octubre de 2010

Es país de viejos

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
www.emilioruiz.es

Por si alguien tenía dudas sobre la necesidad o no de reformar el sistema público de pensiones, el INE nos despertó ayer con un dato preocupante: la población española va a envejecer a pasos agigantados. De aquí a 2020 el número de españoles va a aumentar en apenas algo más de un millón, frente a los seis millones que ha aumentado entre 2000 y 2009. En los próximos diez años el colectivo en edad de trabajar (de 16 a 64 años) se recortará en medio millón, mientras que el grupo de más de 64 años, en edad de jubilación, se incrementará en 1,3 millones de personas. En 2020, dos de cada diez habitantes tendrá más de 64 años.

Este imparable envejecimiento de la población española va a ocasionar, querámoslo o no, un deterioro de nuestro sistema público de pensiones. El mismo INE nos dice que, si no empezamos ya a tomar medidas, el pequeño superávit que tiene actualmente la Seguridad Social puede convertirse en un déficit que alcanzará el 6% del PIB en 2050 y cercano al 10% en 2060. En el futuro, el sistema actual será insostenible incluso con una tasa de empleo del 100%.

Están en un error quienes consideran que con la propuesta de reforma del sistema público de pensiones a lo que nos estamos enfrentando es a un debate ideológica. No hay nada más opuesto al ideario progresista que dejar caer un sistema que a quien beneficia principalmente es a quienes el mayor capital que han acumulado durante su vida laboral es la pensión que cada mes les puede otorgar el erario público. Los españoles, de izquierdas, de derechas, de centro o de lo que sea, tenemos mil y un motivos para quejarnos de muchas cosas que están ocurriendo hoy en nuestro entorno. Pero meter en el saco del griterío un tema tan delicado como éste es una tremenda equivocación. No es sólo el INE, ni es sólo el Banco de España, ni es solo el PSOE ni es solo el PP, son las propias evidencias las que nos dicen que el futuro de las pensiones no está garantizado si ahora, con tiempo suficiente, no se realizan los retoques necesarios. Vamos a ser realistas por una vez.

sábado, 2 de octubre de 2010

Se repite el ritual



Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
www.emilioruiz.es

Da lo mismo que los presupuestos generales del Estado sean restrictivos o expansivos, que prioricen la inversión sobre el gasto corriente o viceversa, que aumenten en su cuantía o disminuyan, que las políticas sociales suban o bajen, da lo mismo que traten a Almería, o a Andalucía, peor o mejor. Todo da lo mismo, porque la reacción, el ritual, también siempre es el mismo: los del gobierno, que éstos son los presupuestos que el país, la comunidad autónoma y la provincia estaban esperando; los de la oposición, que son un engaño, un timo, una tomadura de pelo. “Son los presupuestos del fracaso de la política económica de Zapatero”, afirma, contundente, Montoro, “Caminan en una dirección correcta”, replica, seguro, Marugán.

No sé por qué la prensa insiste tanto en ponernos esta misma canción todos los años por estas fechas. Si ya nos la sabemos de memoria... Llevamos más de tres décadas de democracia, y es igual que el gobierno haya sido de la UCD, del PSOE o del PP; siempre igual.

Creo, por lo que observo, que la mayoría de los ciudadanos no gasta ni un solo minuto de su vida en estas cosas. Porque todo el mundo supone que, con más o menos acierto, quienes nos gobiernan, en cada momento, harán las cuentas que creen más adecuadas para el bien común. Pensar lo contrario sería una temeridad, pues nadie se pone a tirar piedras sobre su propio tejado. Uno ve las reacciones que se están publicando estos días y llega a dos conclusiones: a) que todavía hay gente que parece que está en la inopia y no se ha enterado de que la situación de España es la que es, y no es precisamente la propia como para ponerse a tirar cohetes, y b) que merecía la pena ir a votar aquel Estatuto de Autonomía que tantos se empeñaron en despreciar, pues, gracias a él, el gobierno se ha visto obligado a consignar inversiones en Andalucía en cantidad no inferior a la que por número de habitantes nos corresponde. Es por ley.