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viernes, 21 de agosto de 2009

Andalucía ante el futuro de las cajas de ahorros

Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
www.emilioruiz.es


Un ciudadano español que quiera depositar un dinero en una entidad bancaria tiene para elegir entre 66 bancos, 46 cajas de ahorros y 83 cooperativas de crédito, además de las 80 sucursales de entidades de crédito extranjeras que tienen presencia en España, cada uno de ellos con sus correspondientes oficinas y agencias. Está claro que esta dispersión bancaria no guarda mucha sintonía con la economía global que nos invade, que requiere de entidades grandes, solventes y con capacidad de respuesta ante la demanda de los clientes. Los bancos, como entidades privadas que son, tienen su propio código de supervivencia, y no pasarán muchos años para que veamos reducido el mapa bancario español a seis o siete marcas. De hecho, muchos de los bancos españoles que tienen ficha del Banco de España para operar o están inactivos o están poco operativos o forman parte de un grupo que aglutina a varias entidades. La operación de concentración más reciente acabamos de verla con la absorción por el Banco Popular de todas sus filiales regionales, entre ellas el Banco de Andalucía, un banco centenario que dentro de poco pasará a la historia como tal.

Dejando al margen el viejo debate de si las cajas de ahorros son entidades públicas o privadas, la realidad con la que nos encontramos es que en sus órganos de gobierno los representantes nombrados por la Administración forman mayoría. Los gobiernos autonómicos a la vez que aceptan de buen grado concentraciones entre cajas locales son reacios a fusiones interterritoriales, excepto en los casos en los que sus entidades negocian desde una posición de dominio, que entonces sí apoyan. Esta actitud es bastante comprensible, pues todos quieren disponer de la autonomía financiera y económica que otorga una caja propia. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad que se impone, y ésta nos dice que es inevitable el fin del minifundismo de las cajas. A la vuelta de pocos años el mapa de cajas quedará reducido a ocho o diez marcas, las más grandes, solventes y mejor gestionadas. Muchas comunidades autónomas tendrán que renunciar a su propia caja aún a costa de sus deseos. Castilla-La Mancha posiblemente será la primera.

En este panorama que se vislumbra a la vuelta de la esquina conviene meditar un poco en el papel que va a tener Andalucía. Nadie duda de que La Caixa y Caja Madrid, las cajas de referencia de las comunidades catalana y madrileña, tienen garantizada su permanencia y su posición de cabecera ante futuros movimientos de concentración. Pues bien, la tercera pata de ese banco dominador debe ser Unicaja, por ser la entidad más representativa de la comunidad autonómica española con mayor número de habitantes, la que tiene el mayor presupuesto y la que reúne todas las condiciones para desempeñar un papel determinante en el futuro del Estado. El gobierno andaluz, en esto, tiene que ser inflexible, aún a costa de que sea acusado de interferir en decisiones que solo corresponden a los órganos de gobierno de las propias entidades o de que desde el Banco de España le regateen los fondos del FROB si antes no renuncia a las competencias que nuestro Estatuto de Autonomía nos da en su artículo 75.