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jueves, 14 de agosto de 2008

Los Ayuntamientos, en bancarrota


Emilio Ruiz
Director de La Cimbra
info@emilioruiz.es


La Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija los ingresos permanentes de los Ayuntamientos en tres soportes básicos: las transferencias procedentes de la participación en los tributos del Estado y las comunidades autónomas, los tributos propios –tasas, contribuciones especiales e impuestos- y los percibidos en concepto de precios públicos. Desde la restauración de los ayuntamientos democráticos, va a hacer ahora treinta años, el caballo de batalla en las negociaciones sobre la financiación de las entidades locales ha girado siempre en torno a la necesidad de establecer un porcentaje considerable de participación de éstas en los presupuestos generales del Estado. La reivindicación histórica de los municipalistas pasa por dividir la tarta presupuestaria del Estado en cuatro cuartos: dos irían a parar al Estado, uno a las comunidades autónomas y el otro sería para las entidades locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones). En la actualidad, este porcentaje de participación ronda el doce por ciento

La intensidad de esta vieja reivindicación municipal se ha visto minorada en los últimos años por la aparición de un hecho extraordinario que ha aportado cuantiosos ingresos a las haciendas locales. Es el derivado del auge inmobiliario. El “boom” de la construcción ha alimentado en los últimos años de forma generosa las arcas municipales. Por varios conductos: vía enajenación de suelo procedente de cesiones obligatorias, vía plusvalías y vía impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Incluso vía I. B. I.

Una vez que la construcción se ha venido abajo, esos ingresos extraordinarios han vuelto a niveles de recaudación habituales y los presupuestos municipales empiezan a resentirse. Pero nos encontramos con un problema: el funcionamiento de los ayuntamientos se ha organizado como si el auge inmobiliario no fuera una situación coyuntural, sino estructural. Las plantillas municipales se han multiplicado, en ocasiones hasta la exageración, y los gastos suntuosos e improductivos han ocupado un buen capítulo presupuestario. ¿Y qué hacemos ahora, cuando tenemos dificultades hasta para pagar la nómina final de mes? Giramos otra vez la vista hacía el mítico 50-25-25, pero ésta es una operación negociadora de largo plazo, y el problema requiere de medidas de inmediata aplicación. Muchos ayuntamientos han echado mano de los tributos clásicos, como el I. A. E., el I. B. I., el Impuesto sobre Vehículos y las tasas públicas para darles una subida cuantiosa, incluso no faltan quienes se han sacado de la chistera impuestos que permanecían en el baúl de los recuerdos de la prehistoria. Pero ni con esas. Era mucho el dinero que entraba con el ladrillo.

Y entonces es cuando vuelve a la palestra el eterno debate de la financiación municipal. Es cierto que en España el porcentaje de participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado está muy por debajo de la media europea. Pero también es cierto que muchos ayuntamientos establecen sus prioridades de gasto en clave electoral más que en clave de rentabilidad social. En numerosas ocasiones incluso se asumen como propios gastos en competencias que corresponden a otras administraciones, solapando inversiones y duplicando servicios. Es urgente y necesario, sí, establecer una financiación adecuada de las corporaciones locales para que puedan afrontar con dignidad las competencias que la legislación les concede. Pero también habría que recordarle a muchos alcaldes y muchas corporaciones que no se metan en camisa de once varas, que con lo que tienen, tienen bastante. Y que los tiempos de bonanza hay que aprovecharlos no para hacer fuegos de artificio, sino para compensar los tiempos de penuria que después siempre vienen. Porque no se olvide: Siempre vienen. Como ahora.